Justicia interroga a los menores delincuentes sobre su vida personal

"¿Alguna vez has cometido delitos y no te han descubierto?", "¿alguna vez has intentado herirte: por ejemplo, cortarte o quemarte?", "¿alguna vez causaste heridas de importancia a alguien en la escuela?". Son algunas de las preguntas que desde hace unos meses se les formulan a los menores que están bajo la tutela del Departamento de Justicia de la Generalitat por delinquir o que están acusados de ello.

Se trata de un cuestionario de aplicación obligatoria para evaluar el riesgo de reincidencia, pero buena parte de los educadores que trabajan en esos centros entienden que vulnera derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad.

El cuestionario SAVRY, que es así como se denomina por las iniciales en inglés del manual para la Valoración Estructurada del Riesgo de Violencia en Jóvenes, se empezó a aplicar en enero de 2006 como experiencia piloto en un centro de Girona; después, en Lleida, y desde finales de 2007, en todos los centros abiertos de Cataluña. Los educadores afirman, y el Departamento de Justicia no lo niega, que se hará extensivo a todos los menores que pasen por los equipos de tratamiento de la Generalitat, estén cumpliendo condena, en libertad vigilada o con una medida cautelar, o a la espera de juicio.

El departamento dice que sirve para evaluar el riesgo de reincidencia

En Cataluña hay 289 jóvenes internos y 1.411 en régimen abierto

Justicia defiende la eficacia del cuestionario y asegura que "es uno de los mejores instrumentos de evaluación estructurada del riesgo", pero los educadores afirman que se trata de una importación de corrientes psicológicas de Estados Unidos y Canadá aplicable en poblaciones con un índice de violencia muy elevado y persistente.

Al acabar el mes de junio había en Cataluña 289 jóvenes internados, de los que sólo el 1,53% lo estaban por delitos contra la vida. La mayoría cometieron delitos contra la propiedad (54,7%) y lesiones (22,3%). También había 1.411 jóvenes en régimen abierto en proporciones por delitos muy parecidas.

Justicia también asegura que el SAVRY no tiene carácter de declaración procesal y que no debe cumplir los requisitos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite al afectado negarse a declarar, a contestar algunas preguntas y a declarar contra sí mismo, y exigir un abogado. También afirma la Generalitat que la información sobre las circunstancias personales y sociales del menor y de su familia es obligatoria y necesaria para evaluar el riesgo de reincidencia.

Los educadores consideran, por el contrario, que es indiferente que las preguntas las formule un juez, un fiscal o un funcionario, y denuncian que se guardan en un documento al margen del procedimiento judicial. "El derecho a un proceso con todas las garantías es absoluto", dicen en una carta dirigida a la consejería, "porque aunque la jurisdicción de menores pretende ser educativa, es fundamentalmente penal". Una parte de estos profesionales se negaron en su día a aplicar el SAVRY y fueron advertidos verbalmente de la obligatoriedad de hacerlo y del riesgo de ser sancionados en caso contrario. El responsable de la aplicación del programa es Jordi Samsó, director general de Ejecución Penal en la Comunidad y de Justicia Juvenil. Anteriormente había sido director general de Seguridad Ciudadana, cuando la ahora consejera de Justicia, Montserrat Tura, lo era de Interior.

El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona también se ha pronunciado en contra del cuestionario en un duro informe en el que se asegura que algunas preguntas resultan "censurables, desmesuradas" y propias de los "antiguos criterios de peligrosidad social". Otras dejan entrever una evaluación negativa del joven en función de su entorno social.