Procesado el alcalde de Alhaurín por adjudicar un bar a dedo

El alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga), Joaquín Villanova, y la concejal de Fiestas, Isabel Fraile, del PP, serán juzgados a petición de la Fiscalía de Málaga que ha advertido indicios de prevaricación de caudales públicos en la adjudicación del bar de la caseta municipal para la feria de 2005. El juzgado de instrucción número 2 de Málaga abrió diligencias por este caso y el 2 de julio la juez María Luisa Cienfuegos decidió abrir procedimiento abreviado.

Se trata de un asunto en apariencia menor, la concesión de un bar, pero en el que según la fiscalía se saltaron todos los procedimientos legales. La barra de la caseta municipal de la feria de 2005 fue otorgada directamente por el alcalde a un concesionario con el que pactó un canon de manera "caprichosa" y a pagar en especies consistentes en tiques de consumición para ser utilizados por la corporación municipal en atenciones protocolarias sin ningún tipo de control. Una de las curiosidades del caso es que la fiscalía llega a considerar estos tiques dinero público "por analogía", ya que fueron la contraprestación por la adjudicación de un servicio en un espacio público, la caseta municipal.

Arbitrariedad

Tras las diligencias, la fiscalía ha llegado a la conclusión de que el alcalde de Alhaurín de la Torre celebró un contrato "para explotación de un espacio de dominio público en el que no se han guardado los requisitos impuestos por la reglamentación administrativa en la materia".

Todo ello podría considerarse una mera infracción de ámbito administrativo, pero en su escrito la fiscalía entiende que "además, y de modo aún más arbitrario", el alcalde pactó que el abono de la suma del servicio se realizara en especie, "sin fijarse el control oportuno de la manera en que haya de gestionarse la utilización de los tiques de gobierno ni la intervención municipal, de modo que puede asegurarse que la carencia de ingreso en efectivo no está compensada con gastos protocolarios que quiera asumir la corporación municipal, que no estarían ni autorizados ni intervenidos, como se impone reglamentariamente".

La fiscalía estima además que "existiría la posibilidad" de un presunto delito de malversación de caudales públicos, de la que sería responsable, la concejal de Fiestas, "quien no ha dado una justificación clara" a los tiques "que constituían, siquiera por analogía, dinero público".