Balanzas fiscales y confrontación territorial

Las reiteradas comparecencias del conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat sobre los perjuicios que causa el actual sistema de financiación a Cataluña parecen lógicas, ya que su responsabilidad le habilita para conseguir mayores recursos económicos. Sin embargo, algunas de sus declaraciones y el debate suscitado con las balanzas fiscales no sólo no aportan transparencia, sino que comienza a recorrerse un peligroso camino de consecuencias impredecibles.

El Estado de las autonomías constituye una creación ingeniosa, cargada de sutilezas y cimentada en débiles equilibrios. A finales de los Gobiernos de Felipe González parecía recomendable alguna reforma y, particularmente, la transformación del Senado en cámara territorial. Los ocho años de Aznar supusieron un periodo de confrontación y un tiempo perdido para mejorar nuestro sistema político y el personaje se consagró como un incapaz para poder consensuar un Estado más eficaz y aceptado por la mayoría de las fuerzas políticas.

Mezclar impuestos, pensiones y fondos europeos es un pasaporte al reino de la confusión

Si las tensiones centrífugas se imponen, el daño político para los socialistas será elevado

España es un espacio fiscal único para los principales impuestos, con algunas excepciones de los territorios forales. Por eso, es prácticamente imposible establecer con un mínimo de rigor balanzas fiscales entre las autonomías, ya que los hechos imponibles y la recaudación no son territorializables homogéneamente. El Ministerio de Hacienda ha ofrecido seis versiones diferentes y se podían publicar muchas más, a gusto del cliente. De la publicación, no obstante, se nota que los resultados no han generado una satisfacción suficiente a quienes la solicitaban como bálsamo para la supervivencia institucional.

Pero estas cuestiones no invalidan las razones para rechazar este sistema de balanzas fiscales como instrumento útil en el debate de la financiación autonómica. Incluir los fondos europeos en estas sumas y restas resulta, cuando menos, un poco fuerte. Y contabilizar el gasto en pensiones es de dudosa intencionalidad, como señaló en un artículo José Antonio Griñán. Mezclar en el mismo saco impuestos, pensiones y fondos europeos facilita un pasaporte para el reino de la confusión.

Esta cuestión es farragosa en sus conceptos y sus tecnicismos pueden ocultar la verdadera realidad que se esconde tras este frondoso bosque de impuestos, gastos e inversiones. Por eso, resulta recomendable hacer un esfuerzo divulgativo.

Si yo me alojo en un hotel en Motril de una empresa con domicilio fiscal en Barcelona, el impuesto de sociedades se ingresa en Cataluña por una renta generada en Andalucía. Si resido en Cádiz y tengo alquilados cinco pisos en Tarragona, el IRPF que tributan estos alquileres se apuntan como impuestos andaluces.

En materia de territorialización de los gastos e inversiones del Estado, el carnaval de despropósitos puede ser épico. El sueldo del jefe del Estado Mayor de la Defensa se anota en Madrid, pero la seguridad que garantizan las fuerzas armadas no se circunscribe a la capital del Estado, sino que afecta a la totalidad del territorio. El AVE Madrid-Barcelona se prorratea por las provincias que pasa. Los pobres sorianos van dados, pues el ferrocarril discurre varios kilómetros por su territorio, pero no hay paradas. Los pensionistas dependerán del lugar que vivan y su movilidad geográfica estará necesitada de echar un vistazo al equilibrio de sumas y saldos territoriales. El establecer balanzas fiscales entre las autonomías calculadas por los impuestos y gastos, que sirven para financiar la sanidad, la educación y los servicios esenciales, encarna un peligro político de primera magnitud.

Un extremeño, concienciado por este problema, podría tener la tentación de comprar su coche según dónde esté fabricado, pues los impuestos que ha de abonar tendrán una incidencia en su balanza fiscal y, por tanto, dependiendo de la decisión que tome al escoger su automóvil, tendrá mejores o peores servicios sanitarios.

Los impuestos tienen una función redistributiva de la renta; esto parece elemental y, por tanto, el sistema fiscal canaliza fondos de las zonas más ricas de un país a las más pobres. Eso pasa en el ámbito de las comunidades autónomas, de las provincias, de las comarcas y de las ciudades.

Como estas afirmaciones son elementales, sinceramente pienso que estamos en un falso debate y la verdadera naturaleza del problema es diferente. El currículum del profesor Castells, conseller de Economía y Hacienda, avala conocimientos de hacienda pública y por tanto sus propuestas no se basan en la ignorancia. Constituyen más bien una consecuencia de la deriva de los planteamientos erróneos de la política catalana, que influyen en la totalidad de la vida pública española. Se plantean además la resolución de complejas cuestiones, como la propia financiación, el futuro modelo aeroportuario y otros campos de la gestión pública, como una deuda injusta y que sólo caben ser resueltas como ese sector desea, en calendarios establecidos unilateralmente. Tampoco estaría de más que se reconocieran algunas políticas positivas como las potentes inversiones que realiza el Gobierno de Zapatero para corregir el déficit nacionalista en infraestructuras, so pena de generar en los ciudadanos el desapego más absoluto de las instituciones públicas. La primera consideración racional ante estos planteamientos estaría basada en la aceptación de que estos campos de la actividad pública afectan a todos los ciudadanos españoles y sus reglas sólo pueden ser modificadas por acuerdos mayoritarios.

Felipe González manifestó que los tiempos no eran los mejores para hablar de cambios en la financiación autonómica y sería más conveniente concentrarnos en la gestión de la crisis económica. El vicepresidente Solbes ha adelantado unas líneas básicas que, en principio, conceden mayor autonomía y suficiencia financiera a los Gobiernos autonómicos. Ambos pronunciamientos han sido despachados con ligereza.

No sorprende la deriva de Convergència i Unió, tres décadas en el poder en Cataluña, cuya herencia de gestión ha supuesto un atraso histórico de difícil recuperación.

El Gobierno del president Montilla, condicionado por los equilibrios políticos de un tripartito, salpicado por los comportamientos de sus socios, que en ocasiones parecen ser la oposición, proyecta una imagen contradictoria, donde la necesidad de buscar la centralidad catalana que le conceda una posición política hegemónica en los tres niveles de poder le lleva, en algunas ocasiones, a excesos verbales de difícil comprensión fuera de Cataluña.

Las consecuencias de esta deriva, consagradas con el cariño a Zapatero manifestado en la clausura del congreso del PSC, pero condicionado en su intensidad a los fondos del nuevo modelo de financiación, presagian un marco difícil para el entendimiento. No es fácil la acción de Gobierno de Montilla, pero el achique de espacios que realiza a las formaciones nacionalistas puede desdibujar los elementos de modernización, articulación leal de Cataluña en el conjunto del Estado y normalización de la percepción exterior de una sociedad con rasgos diferenciales incontestables.

De otro lado resulta impensable política y económicamente concebir una sociedad española moderna sin la contribución empresarial y política catalana, pero en debates como la financiación territorial falta coherencia de política de Estado. Las interrelaciones de todo tipo y los flujos económicos y financieros entre España y Cataluña tienen una gran estabilidad, gozan de excelente salud y suponen un enriquecimiento mutuo, por eso el ejercicio de confrontación hay que dejarlo en manos de los suicidas o los idiotas.

Como los socialistas catalanes y los de las otras agrupaciones de España tienen en estos momentos el desempeño de los poderes fundamentales en sus manos, no sería comprensible para el conjunto de los ciudadanos abrir un nuevo periodo de confrontación. El PSOE gusta presentarse como el partido capaz de articular la España plural y puede que sea uno de los valores más apreciados por los electores. Es llegado el momento de demostrarlo y también de los liderazgos. Si las tensiones centrífugas se imponen, el daño político para los socialistas es difícil de cuantificar, pero con seguridad será elevado.

Tres crisis, financiera, energética e inmobiliaria, golpean aceleradamente la economía española, con una virulencia inédita. No parece descabellado pensar que los ciudadanos ponen como destacada o/y única prioridad hacer frente a la misma mediante una acción concertada de todas las instancias de poder. Si las autoridades tienen también tiempo y es el momento oportuno para discutir de la financiación autonómica, pues no se pierda un segundo. Tiempos de bonanza serían más recomendables y facilitarían ampliar y profundizar el modelo, como por ejemplo que los territorios forales participen en la solidaridad territorial.

Augusto Delkader es periodista.