Solbes presenta su oferta con el apoyo de Chaves y el rechazo de Montilla

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, tiene tarea por delante. El Gobierno ha condicionado la reforma del sistema de financiación a que las comunidades autónomas respalden hoy su propuesta inicial. Pero en la víspera del Consejo de Política Fiscal y Financiera volvieron a dominar las voces críticas. Y, de nuevo, la más significada fue la de la Generalitat catalana, con la que el Ejecutivo se comprometió a lograr algún acuerdo antes del 9 de agosto, plazo prefijado por el Estatuto.

En su rechazo a la oferta de Solbes, el tripartito sumó ayer a CiU. Los consejeros de Economía, el socialista Antoni Castells, y de Innovación, Josep Huguet (ERC), se reunieron ayer con tres diputados autonómicos de la federación nacionalista para escenificar un "frente común" contra el documento de Economía, que Castells tildó de "decepcionante, insuficiente y preocupante".

La Generalitat cree que el aumento de la cesión de impuestos (IRPF, IVA y especiales) no es suficiente para garantizar la financiación de las comunidades, que gestionan el 36% del gasto público y sólo tienen el 22% de los ingresos. La oferta de Solbes consagra a la población como principal criterio de reparto, como exigía Cataluña, pero no hace referencia al mayor coste por la inmigración, como planteaba el tripartito.

El documento del Gobierno recoge otra exigencia catalana: limitar el fondo que garantiza la misma prestación de servicios básicos en todos los territorios a salud, educación y servicios sociales. Pero las declaraciones de Solbes en favor de abrir el abanico a otras competencias, como justicia, suscitan el rechazo del tripartito, que busca más apoyos: Castells se entrevistará con una delegación del PP catalán y se reunirá mañana con el vicepresidente valenciano, Gerardo Camps. El dirigente valenciano criticó ayer que la oferta de más dinero por el aumento de población "esté determinada por las disponibilidades presupuestarias del Gobierno".

Si sale con buen pie de la reunión de hoy, el Gobierno abrirá una ronda de contactos bilaterales, que empezaría precisamente con Cataluña el próximo día 28.

Sólo tres Gobiernos dirigidos por el PSOE han tenido buenas palabras para el documento de Economía. "Hay muchas cosas en común con lo que defiende Andalucía", explicó el vicepresidente de la Junta, José Antonio Griñán. Al respaldo del Ejecutivo que preside Manuel Chaves, se han sumado Baleares y Castilla-La Mancha.

La decisión de primar la población como variable de reparto ha gustado muy poco a las comunidades del noroeste. "Si no hay cambios que reconozcan el coste de una población envejecida o dispersa, no apoyaremos el documento", advirtió el consejero de Economía asturiano, Jaime Rabanal (PSOE).

Castilla y León (PP), Galicia (PSOE-BNG) y Cantabria (PRC-PSOE) comparten la preocupación de Asturias. Y rechazan cualquier limitación al nivelar servicios básicos. "El documento sólo garantiza la suficiencia para tres servicios, nos opondremos salvo que expliquen algo más", subrayó Pilar del Olmo, consejera de Hacienda de Castilla y León (PP). Extremadura (PSOE) o Murcia (PP) también están en contra de cualquier tipo de nivelación parcial.