El alcalde de Benitatxell se 'borra' de la recalificación por la que fue detenido

Lleva al pleno la alegación del propietario que le denunció y se abstiene de votar

El alcalde de Benitatxell, el independiente Juan Cardona, intentó demostrar ayer, con una insólita maniobra, que nunca pidió dinero a cambio de reclasificar unos terrenos en el nuevo Plan General. Cardona, detenido el 8 de julio junto a su primera teniente de alcalde acusado de haber exigido al propietario de los terrenos 50.000 euros por mantenerlos como urbanizables, llevó por sorpresa al pleno en el que se debatía la aprobación provisional de ese PGOU una alegación en la que se solicitaba lo mismo: que las parcelas no se desclasificaran. Así, el alcalde pretendía mostrar que su gobierno está dispuesto a mantener la edificabilidad de ese suelo sin necesidad de exigirle dinero al constructor, tal y como el afectado denunció y como sostiene la Guardia Civil, que lo detuvo.

La alegación fue debatida por sorpresa fuera del orden del día
El alcalde dice que la desclasificación fue un "error" técnico

Ahora bien, a la hora de votar la alegación, que ni siquiera estaba incluida en el orden del día, tanto Cardona como su primera teniente de alcalde, la edil austriaca Hannelore Rheindorf, decidieron abstenerse. "Para demostrar que no estamos a favor de nadie", alegaron para borrarse en la votación. Los otros cuatro ediles del partido del alcalde, el Partido Independiente Democrático de Benitatxell (Pideb), apoyaron la alegación. Pero no fue suficiente, ya que los partidos de la oposición municipal -PP, PSPV, BNV y Ciutadans de Benitatxell- sumaron sus cinco votos y rechazaron la alegación. Así que ese suelo sigue desclasificado y en él no se puede construir.

No obstante, el PGOU, cuya totalidad sí que fue ratificada con los seis votos del Pideb, será sometido ahora a otro mes de exposición pública para poder debatir las alegaciones que han sido rechazadas, entre ellas la de la reclasificación, que afecta a unas ocho parcelas ubicadas en la zona montañosa de Alcassar y que suman cerca de 10.000 metros cuadrados. Su propietario es el constructor de Xàbia Pedro Sánchez.

Cardona insistió en que si los terrenos aparecieron como rústicos en el primer borrador del PGOU fue "por un error de grafía" y aseguró que si el propietario no hubiera presentado la alegación elevada ayer al pleno no se hubieran "dado cuenta nunca de ese fallo".

La alegación se presentó el pasado 19 de junio fuera de plazo, motivo por el que no fue apoyada por el equipo de técnicos independientes que ha redactado el Plan General. Sin embargo, el arquitecto municipal, también imputado por este caso, sí que la avaló con un informe técnico en el que señalaba que los terrenos ya aparecían como urbanizables en las Normas Subsidiarias de 1987 y que así deberían seguir.

Por su parte, los portavoces de los cuatro grupos de la oposición advirtieron de la "falta de transparencia" de todo el proceso. El portavoz del Bloc, Josep Femenia, señaló que en estos momentos el gobierno local "no tiene solvencia para aprobar un Plan General" y mostró su extrañeza por el hecho de que el alcalde convocara el pleno de ayer apenas una semana después de que fuera detenido. También alertó de que la Consejería de Urbanismo mirará "con microscopio" el Plan General. El alcalde pareció recoger el guante y respondió: "Yo también quiero que lo examinen con lupa si es necesario".

La historia urbanística de las parcelas se remonta a 1981, cuando fue aprobado el Plan Parcial Alcassar, en el que los terrenos fueron considerados como zona verde de uso público. En un segundo plan parcial de 1989, el de Vistamontaña III, fueron en cambio incluidos en una zona de edificación agrupada. Las 8 parcelas ahora en litigio pertenecen al 10% de este último plan que todavía no ha sido ejecutado y, según el arquitecto municipal, deben considerarse urbanas pese a que aún no tienen la condición de solar.

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