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Columna
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El intervencionismo

Joaquín Estefanía

Poco a poco, ante el avance de esta crisis económica global tan multicausal se ha reabierto el debate sobre el papel de los Gobiernos en la misma: ¿en qué condiciones debe intervenir un Gobierno para amortiguar los efectos de las caídas empresariales que se van produciendo, todavía por goteo? La teoría de que cada palo aguante su vela, tan grata para los fundamentalistas, ha dado una vez más su medida empírica: sólo sirve como una ideología que no resiste la práctica empresarial.

Alguien tan poco sospechoso como el presidente de la Reserva Federal (Fed), Ben Bernanke, no sólo no se ha opuesto a intervenir directamente si la ocasión lo requiere, sino que ha declarado: "Creo que es algo que sólo debe hacerse en raras ocasiones, pero cuando cunde el desorden en los mercados alguna acción temporal puede estar justificada".

¿En qué condiciones debe intervenir un Gobierno para paliar los efectos más negativos de una crisis empresarial?

En estos últimos meses han sido activos ante las dificultades financieras los daneses (Gobierno liberal), británicos (laborista), alemanes (coalición democristianasocialdemócrata) y los norteamericanos (republicanos neocons), entre otros. En Estados Unidos, los dos presidentes que han nacionalizado un banco en el último cuarto de siglo han sido Reagan y Bush. Ante la intromisión de la Fed en las agencias hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, la reacción más fuerte ha sido la de un senador, que calificó lo ocurrido de "socialismo amateur". "Pensé que me había despertado en Francia", ironizó.

España había logrado mantenerse al margen de este debate hasta ahora, pero ha emergido con toda su fuerza con la suspensión de pagos de Martinsa y ante la falta de liquidez que agobia a muchas empresas. En el seno del Gobierno parecen perfilarse dos líneas: la más partidaria de intervenir, que representa el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y los miembros del Gabinete más afines a él, y la del vicepresidente de Gobierno y el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez. Pero no se puede ser muy rotundo en la descripción de esta división porque, en el caso de que Pedro Solbes creyese en la necesidad de actuar de modo activo, tendría que negarlo. Lo que no podría hacer es anunciarlo previamente, so pena de avalancha de peticiones de ayuda. Falta una aclaración de quien tiene el poder arbitral: el presidente del Gobierno.

El PP, por boca de algunos de sus representantes, parece ser partidario de la teoría del azar moral. ¿Y si en la escalada de la crisis se produce el efecto dominó en algún sector estratégico por la caída de una entidad importante? Lo que se denomina el riesgo sistémico. Del mismo modo que cuando se aprobó la Ley del Suelo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, declaró que le parecía una norma estalinista, el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, ha dicho que la posibilidad de comprar suelo por parte del sector público a algunas de las inmobiliarias en dificultades es "planificación soviética". ¡Qué nivel, Maribel!

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