La Guardia Civil culpa a la Xunta de no controlar vertidos de las granjas

Los vertidos de las explotaciones ganaderas gallegas escapan a los controles de la Administración. Se han convertido, según el fiscal jefe del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Carlos Varela, en una "actividad incontrolada". Lo demuestra el estudio realizado por la Guardia Civil y el Seprona, del que se deduce que sólo ocho de las 1.007 explotaciones inspeccionadas -hay unas 20.000 en Galicia- tienen la autorización administrativa necesaria para verter residuos.

Por si esto fuera poco, el 17% de las granjas tienen acuíferos a menos de 500 metros de distancia, por lo que el riesgo de contaminación de aguas de pozos y cauces fluviales es aún mayor. El informe advierte de que, como las explotaciones no tienen sistemas para evitar la escorrentía o las filtraciones, los cauces "pueden verse afectados fácilmente". Los nitratos que contienen los fertilizantes -como los purines o el estiércol- son la fuente principal de intoxicación de las aguas.

Varela informó de que la Fiscalía del TSXG imputó 80 delitos medioambientales por vertidos entre 2003 y 2007. Los "centenares de denuncias y atestados" recibidos motivaron, según fuentes de los cuerpos de seguridad, el desarrollo del estudio, que aporta otro dato clave en el descontrol de las granjas: el 65% no tiene licencia municipal de actividad. Sin este documento, una explotación ganadera no existe. No figura en ningún listado y, por tanto, no se puede inspeccionar. 652 de las 1.007 granjas visitadas por la Guardia Civil y el Seprona carecen de esta documentación e incumplen así el Reglamento de Actividades Molestas Insalubres Nocivas y Peligrosas. A Coruña es la provincia con más explotaciones sin licencia (un 77%), seguida de Lugo (72%), Pontevedra (54%) y Ourense (29%).

Muchos propietarios, al ser requeridos por este documento durante la inspección, presentaron el Libro de Tratamientos Veterinarios para amparar su legalidad. El informe de la Guardia Civil, sin embargo, exculpa a los propietarios: algunos de ellos, muestran resguardos o documentos acreditativos de la solicitud de la Licencia Municipal de Actividad con fecha de 1992. Dieciséis años después, todavía esperan respuesta, "probablemente porque se trata de una actividad que presenta complicaciones por olores, y es conflictivo dar un permiso", explicó Varela.

Además de este agujero en el sistema de control de las explotaciones, los datos que los organismos de vigilancia tienen de las granjas tampoco son fiables. El informe de la Guardia Civil demuestra "una gran diferencia entre los datos de capacidad de las explotaciones y los del censo de animales". En algunas de ellas, sobre todo en A Coruña y Lugo, divergen radicalmente. Que la inscripción de datos en el registro por parte de los propietarios no refleje exactamente la realidad de las granjas hace indispensable, según el informe, "el efectivo ejercicio de las actividades de inspección y control por parte de la Administración" (las competencias corresponden a la Xunta).

Otro riesgo de contaminación advertido por los técnicos de la Guardia Civil y el Seprona es el tipo de balsas en las que se almacenan los purines. La mayoría están hechas de cemento y, por lo tanto, son más susceptibles de agrietarse por las vibraciones del suelo y las rocas. Si no están tapadas con un material impermeabilizante -el 65% de las granjas de Ourense, por ejemplo, no lo están-, los líquidos contenidos en ellas se pueden filtrar al suelo y afectar a los acuíferos. Además, algunas de las fosas de purines están descubiertas (un 32% en A Coruña, un 42% en Lugo, un 48% en Ourense, y un 43% en Pontevedra), lo que provoca un peligro de desbordamiento por culpa de la lluvia y riesgo de contaminación por olores. El informe arguye que la demanda del mercado obligó a aumentar la producción de las explotaciones y que por eso "aprovecharon instalaciones antiguas".

Los residuos del 86% de las granjas son reutilizados en la propia explotación, el 13% en otras y sólo diez granjas de Ourense -las que son propiedad de la Cooperativa Coren- entregan el purín al Centro Tecnológico Medioambiental Power Support, donde se seca la materia orgánica y se genera compost revirtiendo el líquido ya depurado al río.