La justicia europea culpa a España por el 'caso Endesa'

Las medidas adoptadas por el Gobierno español para proteger a Endesa, la mayor eléctrica española, ante posibles compras de grupos exteriores "infringen" las normas comunitarias, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los jueces sentenciaron ayer que el régimen de autorización previo para las compras de empresas energéticas que fijó España en febrero de 2006 vulnera la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento y no está justificado por el fin de garantizar la seguridad del suministro energético.

España aprobó el decreto de ampliación de competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) pocos días después de que E.ON lanzara una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Endesa y lo aplicó también en la OPA posterior presentada por Enel y Acciona sobre la eléctrica española. La ampliación de competencias implicaba que la CNE debía autorizar las compras superiores a un 10% del capital, o cualquier otra que "conceda influencia significativa".

El fallo judicial afirma que "España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 43 y 56 de la Comunidad Europea (libertad de establecimiento y libre movimiento de capitales)". Las restricciones impuestas "pueden disuadir a los inversores establecidos en otros Estados miembros de adquirir participaciones en las empresas españolas que operan en el sector energético".

España invocó la protección de activos estratégicos (centrales nucleares térmicas, almacenes de gas y gasoductos) "para garantizar los suministros de gas y electricidad". Tras pedir sin éxito al Gobierno que diera marcha atrás, Bruselas recurrió al Tribunal, que le da la razón.