¿Qué derechos lingüísticos?

El Manifiesto por la lengua común ha desencadenado un fuerte debate. En mi opinión, contiene quejas razonables y otras que no lo son tanto. Parece claro que los nacionalistas han cometido ciertos excesos, pues, en efecto, no se entiende que si algunos territorios aspiran al bilingüismo, la rotulación de las vías públicas se haga exclusivamente en la lengua local, o que las instituciones se dirijan a los ciudadanos sólo en la lengua local.

Los usuarios de estas lenguas locales tienen también sus agravios. Se quejan de que la justicia se desarrolle sólo en español, o de que haya muchas trabas al uso de las lenguas locales en las instituciones políticas españolas. Pero todas estas protestas, tanto las de unos como las de los otros, podrían resolverse razonablemente si hubiera voluntad de acuerdo.

Cabe dudar de la existencia de un derecho a elegir la lengua y el contenido de la enseñanza

El Manifiesto, sin embargo, va mucho más lejos. Se afirma que no sólo existen los despropósitos antes mencionados, sino que, además, y esto sería mucho más grave, las políticas lingüísticas de algunas comunidades autónomas violan derechos de los castellanohablantes cuando les obligan a recibir la educación en la lengua local. La referencia a los derechos de las personas no es baladí. Si verdaderamente la elección de la lengua que se utilice en la enseñanza constituye un derecho, la política lingüística de comunidades autónomas como Cataluña sólo podría entenderse como una imposición que no respeta la libertad de las personas. De ahí el conflicto que denuncian entre "políticas nacionalistas" y "libertades ciudadanas".

Pero cabe cuestionar si el derecho del que hablan los partidarios del Manifiesto existe. El Tribunal Constitucional no lo ha entendido así, pues ha frenado todos los intentos por impugnar la política lingüística catalana. Los redactores del Manifiesto son conscientes de que no pisan terreno firme y por eso dan a entender, sin argumentación alguna, que ese derecho existe pero no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, ante lo cual piden una reforma constitucional.

Piden, pues, una reforma constitucional los mismos que hace unos años criticaban, con la agresividad que estilan, a cualquiera que cuestionara la Constitución de 1978; para ellos, entonces, el fundamento último de nuestra convivencia democrática. Exigen ahora una reforma que rompería la convivencia lingüística de Cataluña, pero que podría reportar votos al partido de los impulsores del Manifiesto, UPD.

En cualquier caso, ¿tiene sentido hablar del derecho de las personas a elegir la lengua vehicular de la enseñanza? Cabe dudarlo. Qué contenidos deban impartirse en los colegios públicos es una decisión política de los poderes públicos. En España, por ejemplo, nadie tiene el derecho a recibir enseñanza pública religiosa en la que se apoye el creacionismo y se condene la teoría de la evolución, del mismo modo que no existe el derecho a no recibir Educación para la Ciudadanía si las autoridades deciden que esa asignatura forme parte de los planes de estudios.

En Cataluña se decidió, en virtud de un amplio acuerdo político y social, que el catalán fuera la lengua de enseñanza en el sistema público. Como en toda decisión política, habrá personas que se opongan. Pero eso no quiere decir que sus "derechos" hayan sido menoscabados.

Quizá el principal inconveniente de plantear el problema lingüístico en términos de derechos es que no analiza las consecuencias que puedan tener las distintas políticas de la lengua. Si hubiera un derecho ciudadano al respecto, habría que respetarlo, con independencia de los problemas que se puedan generar por ello. Así, puesto que el Manifiesto se mueve en un plano puramente ideológico, las cuestiones políticas que es necesario tener en cuenta no se mencionan.

¿Acaso impide el sistema catalán de inmersión el aprendizaje del español? Hasta el momento, no se han ofrecido datos que permitan responder afirmativamente. Si el catalán no fuera lengua de enseñanza, ¿llegarían a ser bilingües los castellanohablantes que viven en Cataluña? La situación entre las dos lenguas es tan asimétrica a favor del español por su abrumadora presencia social, que la mayoría de los catalanes piensa que no. Y de lo que se trata, como señaló Josep Ramoneda en este periódico, es de que se rompa de una vez en Cataluña la asimetría entre ciudadanos monolingües en castellano y ciudadanos bilingües. Por último, ¿acaso eliminar el catalán como lengua exclusiva de enseñanza no fracturaría la sociedad catalana en dos mitades lingüísticas, una de las cuales, la de los monolingües castellanos, no tendría la oportunidad de acceder a los trabajos que requieren el conocimiento del catalán, como por ejemplo los de la Administración catalana?

Los promotores del Manifiesto no han abordado estas cuestiones. Han preferido defender sus posiciones a base de responder a críticas especialmente lunáticas y zafias. Esa salida es tan decepcionante como lo sería atacar el Manifiesto por el hecho de que lo hayan ensalzado reaccionarios de toda laya. El debate sólo será provechoso si se abandona la demagogia de los derechos y se discute con datos y argumentos sobre el fin a alcanzar (bilingüismo efectivo o dominio del castellano en las comunidades con lengua propia) y los medios para conseguirlo. Justo lo contrario de lo que han hecho hasta el momento los intelectuales firmantes del Manifiesto.

Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.