La Xunta controlará el etiquetado del pescado desde los puntos de venta

La Consellería de Pesca pisará los talones al pescado y marisco gallegos desde que son extraídos hasta que lleguen a manos del consumidor.

Así lo manifestó el director general de Recursos Mariños, Antonio García Elorriaga, al explicar las competencias del futuro Servizo de Inspección e Vixilancia Pesqueira que recoge la nueva ley que regirá al sector tras ser aprobada el jueves por el Consello de la Xunta.

"El objetivo", dijo, "es garantizar la trazabilidad de los productos pesqueros". Es decir, seguir cada uno de sus pasos dentro del proceso de comercialización de modo que el etiquetado, donde debe figurar el origen del producto, se corresponda con la realidad. Se prevé incrementar la presencia de agentes de este servicio, no sólo en lonjas y mercados, sino también en grandes superficies y en establecimientos de hostelería. En esa línea, los presupuestos de 2008 ya recogen la contratación de 10 nuevos agentes -la cifra crecerá en años posteriores- que se suman a los 145 que componen el actual Servicio de Guardacostas. Se ha ampliado también el plazo de integración para funcionarios que carecen de la formación necesaria para formar parte de este nuevo cuerpo. Una medida que persigue doble impacto: que el consumidor reconozca qué pescado procede de aguas gallegas y que se revalorice compitiendo, por calidad, con el importado.

La ley modifica los baremos para obtener permiso de explotación para el marisqueo a pie. Esto posibilitará "aumentar el número de mujeres y que sean más jóvenes", sostiene García Elorriaga. La media de edad de las 5.000 mariscadoras de Galicia ronda 58 años. Se están realizando estudios para la posible apertura de nuevas zonas de extracción.

También cambia el régimen de explotación de las actuales autorizaciones marisqueras, que darán paso a las concesiones que actualmente se emplean en los cultivos. Ahora son las cofradías las que ostentan esos permisos, siempre bajo la mirada de la consellería, que autoriza el plan de explotación o el número de trabajadoras. Con la nueva normativa, cualquier entidad puede aspirar a obtener concesión si bien se tendrá en cuenta de forma especial que sean productores de base. Será a esa entidad (cofradía, agrupación de mariscadoras u otras) a la que corresponda toda la gestión, lo que supone una "mayor libertad" a la hora de decidir quién y cómo se trabajará.

La denominada "cultura del seguro" que pretende implantar la Xunta deriva de "la necesidad de que todas las organizaciones cuenten con un seguro para las distintas materias". Los bateeiros ya no podrán contar con los fondos europeos que distribuye la Consellería de Pesca ante el parón extractivo que suponen las mareas rojas. "Tiene que haber un cambio de mentalidad", señala el responsable de Recursos Mariños: "A nadie se le ocurre que la Administración asuma las pérdidas de un bar con terraza por el hecho de que haga mal tiempo". La conselleira de Pesca, Carmen Gallego, asegura que esta "cultura del seguro" tendrá "efectos a largo plazo" en prevención de riesgos laborales.