Las aportaciones públicas cubrirán el 76% del presupuesto de la patronal

¿Cuánto han presupuestado este año los sindicatos gallegos para sus actividades? ¿Qué dinero destinan a formación? ¿Cuánto a asesoría jurídica o a personal? Son preguntas difíciles de responder. Al contrario que la patronal, a la que no escuece confesar cuál es su previsión de gasto, los sindicatos son mucho más reacios a hacer públicos los números. Sí, en cambio, se apresuran a hacer ver que cuentan con una gran representatividad. En las últimas elecciones sindicales, UGT alcanzó los 6.246 delegados en Galicia, el 31%; la CIG obtuvo 5.675 representantes, casi los mismos que CC OO, que terminó con 5.648 (el 28% para cada una de estas centrales). Los tres están de acuerdo en que la ley propuesta por la Consellería de Traballo da respuesta a una de sus demandas históricas "que Manuel Fraga siempre dispensó con buenas palabras pero que nunca cumplió". A partir de ahora, la ley regulará sus derechos y deberes en el ejercicio de su participación en las instituciones, que tendrán que acatar "de acuerdo con los principios de buena fe negociadora y confianza legítima".

Entre otras cosas, el anteproyecto de la norma les recuerda que deberán "guardar confidencialidad y no utilizarán la información obtenida en las reuniones de esos órganos".

La presencia institucional de sindicatos y empresarios se verá reforzada con la ley que propone la Consellería de Traballo. Xaime López Golpe, secretario de Unión Sindical de CC OO en Galicia, cree que es un matiz muy importante: "A partir de ahora, vamos a entrar en consejos de administración donde no estábamos, como los de las tres universidades, el consejo de la Compañía de Radio Televisión de Galicia y los puertos".

La ley en tramitación reconoce y refuerza esa participación institucional, que define como "el ejercicio de tareas y actividades de promoción y defensa en el seno de la Administración autonómica, sus organismos y empresas públicas, de los intereses generales que corresponden a los trabajadores y a los empresarios". Para CC OO, "se cumple así una vieja demanda del movimiento sindical".

Ninguno de los tres sindicatos mayoritarios en Galicia piensa que las compensaciones económicas que articula la norma, y que tendrán su correspondiente reflejo en los Presupuestos Generales de la Xunta de Galicia, vaya a limitar su independencia en las negociaciones con la Administración. López Golpe lo niega rotundamente: "No nos limita. Al revés. Los sindicatos fuimos el bastión de la democracia en este país y esta ley viene a aportar transparencia y a reconocer nuestro papel". Para UGT, "ocurre como con los partidos políticos. Nosotros también tenemos una audiencia electoral, que son nuestros afiliados y los trabajadores que nos apoyan".

En España, la representatividad de los sindicatos está regulada en la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, que otorga una posición jurídica singular a este colectivo.

Entrada en vigor

Algunas comunidades autónomas reconocen esta participación a través de una norma propia. Galicia sigue los pasos de Extremadura, que aprobó su correspondiente ley en el año 2003. La próxima será Canarias, que ya ha dado luz verde al anteproyecto.

La iniciativa establece que la designación de las personas que representarán a sindicatos y patronal se realizará "conforme a las propuestas formuladas por esas organizaciones". Para determinar cuántos representantes tendrá cada grupo en las entidades públicas, se aplicará el criterio de proporcionalidad según su representatividad en el ámbito autonómico y de paridad entre sindicatos y empresas.

El texto da un plazo de seis meses, desde su entrada en vigor, para adaptar los organismos públicos a este nuevo escenario de representatividad. Si la tramitación parlamentaria se agiliza, la norma podría tener efecto antes de que termine el verano.