El coste del dinero negro

Buena prueba de que la economía sumergida y el dinero negro siguen siendo uno de los grandes problemas irresueltos de la economía española es que ni las instituciones públicas ni las fundaciones privadas se atreven a precisar su cuantía de forma científica. Casi todo lo que se conoce sobre el fraude se limita a vagas aproximaciones o descripciones impresionistas que nada dicen sobre su evolución ni exploran método sistemático alguno para erradicarlo. Existe un consenso impreciso en que la economía sumergida ocupa entre el 20% y el 24% del PIB nacional; es decir, que al menos uno de cada cinco euros de la riqueza nacional es negro. Un primer avance para combatir el fraude fiscal sería conocer su perímetro y evolución; ya es hora de que las instituciones se afanen en la tarea de fabricar un informe o estadística que permita a la opinión pública conocer a cuánto asciende el delito y dónde está localizado con precisión.

Quizá porque se conoce poco y mal, la economía sumergida se combate de forma vacilante. Las ideas preconcebidas no ayudan. Una de ellas es que la economía negra es el verdadero puntal que ha soportado la prosperidad económica de los últimos lustros. La suposición es falsa y malintencionada. Otra, muy extendida, asegura que los españoles carecen de ética tributaria, que está arraigada la convicción de que es admisible, incluso recomendable, engañar a la Seguridad Social y a Hacienda. El argumento cierto es el contrario: la persistencia de la economía irregular desanima a una mayoría de empresarios, directivos y asalariados que quieren participar en una carga fiscal justamente repartida.

Desgraciadamente, la percepción que tiene la opinión pública es que la persecución del delito tributario no avanza, que no se reducen las bolsas de fraude, que la inspección se ceba en los trabajadores con nómina controlada o en pequeñas empresas y que la Agencia Tributaria no se aplica con la intensidad y eficiencia adecuadas a inspeccionar y perseguir a los grandes defraudadores. Por falta de medios o simplemente porque las leyes antifraude necesitan una reforma en profundidad, lo cierto es que buena parte de estas percepciones tienen fundamento. Dos ejemplos abonan este pesimismo: las inspecciones en el mercado inmobiliario, prometedoras por la gran cantidad de dinero negro escondido en el ladrillo, no han conseguido aflorar la deuda tributaria que se esperaba; las actuaciones para controlar los billetes de 500 euros, el método favorito de los defraudadores para traficar con dinero negro, también parecen haberse agotado sin rendir las sanciones previstas.

La administración tributaria tiene que evitar el fatalismo de considerar al fraude fiscal como un mal irremediable. Es más, la reducción del fraude debe considerarse como una pieza básica de política económica, sobre la cual puede sustentarse una eventual reducción de impuestos -buena parte de la carga fiscal y social de los que pagan es lo que dejan de pagar los defraudadores- y, por lo tanto, un fortalecimiento de la demanda, de la inversión y el empleo. Pero el fraude no aflorará si no se ponen medios materiales para perseguirlo. El nuevo plan de inspección, que se conocerá en septiembre, es una buena ocasión para demostrar que se pueden organizar acciones eficaces contra el dinero negro. -