Los municipios alertan de problemas para tramitar el subsidio de pensiones

La Ley de Complemento de Pensiones, recientemente aprobada, que equiparará los subsidios más bajos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), va a acarrear problemas a los servicios sociales de los ayuntamientos. Las corporaciones no cuentan con suficiente personal para hacer frente a las peticiones que se les pueden venir encima, lo que puede provocar un colapso del sistema, según temen algunos responsables municipales. Alrededor de 21.000 pensionistas tienen derecho a percibir ese subsidio, la mitad de ellos desde ya. El pasado sábado entró en vigor la norma que el Parlamento aprobó el 25 de junio.

No cuentan con suficiente personal para hacer frente a las peticiones

Susana García Chueca, la concejala socialista responsable del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Sebastián, recalcó a este periódico que "resulta muy cómodo para el Gobierno llamar a los ayuntamientos el pasado miércoles y decirles que a partir del sábado entra en vigor la ley. No hay tiempo para montar un dispositivo en condiciones".

Los pensionistas que tienen derecho a este complemento, que es como una ayuda asistencial, deben acudir a los servicios sociales de los ayuntamientos a informarse, realizar la solicitud y entregársela a los técnicos municipales para que la tramiten. "Todo el trabajo recae sobre los ayuntamientos, cuyos servicios sociales se encuentran ya muy fatigados de por si, con toda la tramitación de la Ley de Dependencia a cuestas", se quejó la concejala.

Según García, el Gobierno tenía que haber dado más tiempo a los municipios para prepararse, dado que julio es un mes en el que la plantilla baja de manera considerable y, en principio, todos los pensionistas susceptibles de acogerse a la ley pueden acudir en cualquier momento a reclamar su derecho. "Se puede bloquear el sistema. Se trata de un derecho que se genera en cuanto se pide, no hay que esperar a nada".

La parlamentaria del PSE Gemma Zabaleta registró ayer en el Parlamento una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a proporcionar los recursos que sean necesarios a los ayuntamientos para que hagan frente a la probable cascada de peticiones. "Los servicios sociales de los ayuntamientos no cuentan con el suficiente respaldo para atender la demanda, hay que fortalecerlos", advirtió.

"El Gobierno", insistió, "no ha calculado el impacto que la medida puede tener en los ayuntamientos a efectos de más trabajadores y necesidad de recursos económicos. Lo que no se puede hacer es poner en pista una ley de mala manera". Zabaleta tiene constancia de que ya se han producido "algunos problemas" en las grandes capitales. "Los municipios están preocupados porque no han tenido tiempo de planificar nada en condiciones".

La futura Ley de Servicios Sociales debe establecer el dimensionamiento de estos servicios a nivel municipal. Pero en ausencia de esta norma, los ayuntamientos se hacen cargo de recibir, orientar y gestionar casi todo tipo de ayudas, entre ellas las nuevas de la Ley de Complemento de Pensiones. Y todo con los mismos recursos humanos con los que cuenta en la actualidad. "Mientras no se apruebe la Ley de Servicios Sociales es preciso que se arbitren medidas de apoyo para que los municipios puedan desempeñar las nuevas funciones que se les encomienden, sin menoscabo de la calidad de atención a los ciudadanos", cerró Zabaleta.

El Gobierno ya ha buzoneado por los domicilios la Ley de Complemento de Pensiones, con lo que los posibles beneficiarios están al corriente de sus derechos. En ese folleto, el Ejecutivo vasco asegura que el Gobierno central "no ha cumplido su palabra" de aumentar la cuantía de las pensiones. Zabaleta replicó que en la pasada legislatura las pensiones crecieron entre un 13 y un 28%.