El PSOE denuncia al ex alcalde del PP en Coslada
Raúl López paralizó una sanción al jefe de policía
El equipo completo de concejales del PSOE en Coslada, con su alcalde a la cabeza, Ángel Viveros, ratificó ayer, ante los juzgados de la localidad, la denuncia que planteó el pasado 2 de junio contra el anterior regidor del municipio, el popular Raúl López Vaquero. La base de la denuncia es la presunta prevaricación y malversación cometidas por dicho alcalde durante su mandato en favor del jefe de la Policía Municipal de Coslada, Ginés Jiménez, preso hoy por media docena de delitos presuntamente cometidos desde su cargo en los últimos años.
El ex regidor ordenó que se desistiera de ejecutar la sentencia contra Ginés Jiménez
Las supuestas prevaricación y malversación vienen derivadas del hecho de que el Ayuntamiento de Coslada, bajo gobierno socialista, sancionó en 2000 a Ginés Jiménez por seis faltas graves con una suspensión de empleo y funciones de 10 meses y 15 días. Tras un largo pleiteo de Jiménez contra tal expediente sancionador, en junio de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decretó ajustado a derecho el expediente, salvo en una falta.
Su castigo quedó reducido a suspensión de empleo y sueldo durante ocho meses. Según la denuncia, Ginés sí cumplió tal apartamiento del cargo durante dicho periodo entre 2001 y 2002, salvo 15 días, pero está pendiente en su totalidad de que se le embarguen las retribuciones de dicho periodo.
En junio de 2003, al tomar posesión de su cargo, Raúl López solicitó al letrado del Ayuntamiento que desistiera de la ejecución de la sentencia en lo relativo a la suspensión del sueldo a Jiménez, ya que "el Ayuntamiento poseía medios suficientes" para garantizar su cumplimiento. No fue así. Según la denuncia, Raúl López "no ha realizado durante su mandato actuación alguna tendente al cumplimiento del fallo judicial, suspendiendo a Ginés Jiménez de empleo durante 15 días y detrayendo de sus haberes los importes correspondientes al periodo de suspensión de retribuciones".
Además, en la práctica, el alcalde popular imposibilitó que su sucesor exigiera el cobro. La denuncia señala que, al dejar transcurrir "de forma dolosa el plazo de prescripción (seis meses)", evitó que pudiera ejecutarse posteriormente la sanción por otros posibles gobernantes. "Lejos de tratarse de un mero trámite administrativo, el expediente afectaba (...) al jefe de la policía local y por ello tenía una evidente notoriedad", añade. Por todo ello, denuncia una posible prevaricación del ex alcalde popular "al desistir del procedimiento judicial para posteriormente no ejecutar dolosamente ningún acto administrativo tendente al cumplimiento de la sanción impuesta, y todo ello de forma absolutamente arbitraria".
Esta denuncia se presentó antes de que el PP solicitara la imputación de Ángel Viveros por una conversación con Jiménez en la que supuestamente se ofrece a forzar la destitución del comisario local de policía nacional, gestión que Interior niega.
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