Oportunidad perdida

La comparecencia ante el Pleno del Congreso de José Luis Rodríguez Zapatero ha servido al menos para apreciar que el Gobierno reconoce tibiamente la crisis económica -que el presidente definió como "situación difícil y complicada", más grave, en todo caso, que la mera desaceleración coyuntural- y para confirmar que La Moncloa imputa toda la responsabilidad de la situación al súbito encarecimiento del petróleo y a los problemas financieros internacionales. Sin embargo, la aceptación inevitable de la gravedad de la situación no estuvo acompañada de una clarificación, necesaria e incluso urgente, de las deficiencias específicas del sistema económico español que agravan penosamente los golpes del petróleo y de las restricciones crediticias. Y tampoco tuvo la capacidad de convicción suficiente para transmitir que las medidas económicas que enumeró supongan un tratamiento efectivo del preocupante empeoramiento de la economía.

Para empezar, ofreció un diagnóstico de la situación económica ligeramente edulcorado. Aunque el Gobierno se resista a admitirlo, el aumento probable del desempleo llevará la tasa de paro a cerca del 11% el año próximo; la inflación, hoy en el 5,1%, no cederá seguramente este año, con el consiguiente empobrecimiento de las rentas familiares, al menos durante los próximos tres trimestres; aunque no sea descabellado suponer, como él hizo, que a finales de 2009 mejorarán las condiciones de crecimiento, hay que recordar que las probabilidades de recesión durante el primero y segundo trimestres de 2009 llegan al 50%; y que, a pesar de la caída de la demanda, el déficit exterior sigue aumentando y avanza inexorablemente la amenaza de estanflación.

El cuadro de medidas económicas recordadas ayer por el presidente es insuficiente, como ya han manifestado casi todos los agentes económicos y han sugerido instituciones como el Banco de España. Cierto que están bien orientadas, salvo la discutible transferencia de 400 euros; que es acertado mantener o intensificar la inversión en infraestructuras; que es correcto paliar las consecuencias del ajuste de la construcción sobre los asalariados y de la crisis hipotecaria sobre las familias. Todas esas ayudas, estímulos y líneas de crédito ampliadas son evidentemente atinadas. Pero donde el Gobierno tiene que actuar con fuerza es en las políticas de eficiencia energética y de reforma de las estructuras comerciales, cuyas distorsiones agravan la inflación importada y obstaculizan el crecimiento; ahí es donde Zapatero se juega la credibilidad de las familias y de todos los afectados por la crisis que dice defender.

La intervención de Mariano Rajoy contribuyó a desenfocar el debate, siguiendo los viejos modos de oposición. El presidente del PP se limitó a repetir con más saña y tremendismo los datos ofrecidos por el presidente. Pero, en lugar de llevar la discusión hacia el tratamiento de fondo de la crisis -desde las reformas estructurales en el mercado de trabajo o del sistema de pensiones hasta la conveniencia o no de reducir impuestos y cotizaciones sociales, opciones que podrían haber ofrecido un contrapunto al tratamiento "socialdemócrata" de Rodríguez Zapatero-, Rajoy se limitó a regañar al presidente por "engañar" a los españoles con diagnósticos ficticios y a ofrecer una colaboración a partir de un programa de medidas que ni explicó ni defendió.

El debate fue una oportunidad perdida. Ni se precisó el alcance de la nueva política de austeridad fiscal del Ejecutivo, ni se cuantificaron los efectos de las medidas anunciadas, ni el presidente superó un compromiso demasiado general de que no se abandonarán las políticas sociales -¡faltaría más!- ni apareció una política distinta para combatir la crisis.