Detenido un industrial vasco por pagar la extorsión de ETA

La documentación encontrada a la cúpula de ETA por la policía francesa en el piso de Burdeos en el que fue detenido el pasado 20 de mayo uno de sus jefes, Francisco Javier López Peña, Thierry, sigue dando sus frutos. Agentes de la Guardia Civil detuvieron ayer durante varias horas en la capital vizcaína al consejero delegado de la empresa siderúrgica vasca Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, para investigar si esta compañía ha cedido al chantaje terrorista. Un portavoz de la empresa Sidenor, una de las principales siderúrgicas vascas, confirmó ayer que Jainaga fue puesto en libertad por la tarde.

Fuentes de la investigación señalaron que no existía ninguna orden de detención firmada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con Jainaga, aunque sí dos órdenes de registro -de su domicilio y de su centro de trabajo- tras la información hallada en el piso de los tres supuestos dirigentes etarras en Burdeos. Además, se indicaba que la Guardia Civil tenía otras tres órdenes de registro relativas a otro empresario emitidas por el Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional.

Los agentes arrestaron a Jainaga al hallar pruebas en los registros

Las mismas fuentes aseguraron que los agentes de la Guardia Civil, tras los registros realizados por la mañana, hallaron "elementos nuevos" que acreditarían los supuestos pagos realizados por la citada empresa a la banda terrorista. Las fuentes informantes evitaron detallar si esos elementos nuevos hallados en los registros se referían a posibles certificados -de los que habitualmente emite la organización terrorista- de los pagos efectuados a ETA.

Pese a los documentos incautados por el instituto armado y tras declarar ante la Guardia Civil, los responsables de este cuerpo decidieron poner a Jainaga en libertad. Fuentes de la lucha antiterrorista citadas por la agencia Vasco Press apuntaban que la documentación incautada en Burdeos a los supuestos dirigentes etarras Thierry, Jon Salaberria, Ainhoa Ozaeta e Igor Suberbiola el pasado 20 de mayo reflejarían el "posible pago a ETA de 90.000 euros" en relación con el denominado impuesto revolucionario.

Sin embargo, fuentes de la investigación consultadas por EL PAÍS indicaron que este caso es "la misma historia" que las detenciones realizadas el pasado 12 de junio (también gracias a la información encontrada en el citado piso de Burdeos) de las hermanas Blanca y María Isabel Bruño Azpiroz.

En una misiva incautada en Burdeos a Thierry, fechada en abril de este año, la organización terrorista agradecía a ambas hermanas el pago de 6.000 euros a ETA y les animaba en el futuro a que siguieran haciendo lo que los terroristas definen como "aportaciones económicas al proceso de liberación". Las hermanas Bruño Azpiroz negaron ante el juez Garzón haber pagado ninguna cantidad de dinero de manera voluntaria a ETA.

En el auto de prisión del magistrado se detalla que ambas empresarias recibieron sendas cartas de extorsión entre 2003 y 2005 en las que ETA les pedía 120.000 euros y que, tras negociar la rebaja de la cantidad inicialmente exigida (primero a 30.000 euros y luego a 6.000), ambas cedieron a pagar los citados 6.000 euros.

En aquella ocasión, Garzón, en una decisión sin precedentes en relación con el llamado impuesto revolucionario de ETA, ordenó el encarcelamiento de las dos empresarias por el pago voluntario de dinero a la organización terrorista. Ambas continúan en prisión.

La empresa siderúrgica Sidenor tiene tres centros de producción en España (en la población vizcaína de Basauri, en Vitoria y en la localidad cántabra de Reinosa), con una plantilla de 2.500 trabajadores.

En 2005, Sidenor fue adquirida por el grupo brasileño Gerdau. El Círculo de Empresarios Vascos pidió ayer que se respete la presunción de inocencia de José Antonio Jainaga y se aclare lo sucedido.