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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Guerra de referendos

En Bolivia, Gobierno y oposición pelean por la legitimidad a golpe de consulta popular

A los dos años largos de mandato de Evo Morales, el primer indígena elegido presidente de Bolivia, el país andino se debate en una guerra de referendos que nadie puede excluir que acabe degenerando en lucha abierta por el poder. Morales ha tratado de impulsar una agenda etnicista, encaminada a otorgar una capacidad de decisión a la masa indígena y más mestizada -un 70% o 75% de la población- de la que la historia mitológica asegura que gozaba antes de la conquista española en el siglo XVI, y que, en cualquier caso, no recuperó con la independencia, dominada por los criollos, a comienzos del XIX.

Entre mayo y junio pasados, cuatro provincias bolivianas, Santa Cruz, la más rica del país por los yacimientos de hidrocarburos, Beni, Pando y Tarija, han celebrado sendos referendos de autonomía, en los que con gran mayoría de votos favorables, pero sólo en torno a la mitad del censo, se ha aprobado un ordenamiento paralelo, que sitúa, por ejemplo, las riquezas naturales bajo exclusivo control local. La réplica del presidente ha consistido en convocar el 10 de agosto un referéndum revocatorio, por el que tanto él como los prefectos (gobernadores) de esas provincias verían sometida su gestión al juicio de las urnas. Para ser desposeído de la jefatura del Estado y tener que convocar nuevas elecciones, Morales debería recibir más votos contrarios, en porcentaje y número, que los obtenidos en las presidenciales de diciembre de 2005, que ganó con más de un 53%. Los gobernadores, que obtuvieron sus cargos con menos del 40% de los sufragios, corren mucho mayor riesgo de perder sus puestos.

Bolivia ha entrado así, cuando aún sigue irresuelta la pugna constitucional entre Gobierno y oposición, en una farragosa e inquietante dinámica de referendos, en la que las consultas provinciales, ilegales a diferencia de la revocatoria, representan un vasto sentimiento contrario al Ejecutivo de La Paz; esta vez también a cargo de una masa indígena, pero amazónica, en lugar de los quechuas y aymarás que componen la feligresía de Morales.

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La situación ha llegado a un punto en el que resulta imprescindible que las partes se pongan a negociar. Ni las provincias pueden declarar la independencia de hecho ni Morales hacer la guerra a quien no le apoye. Para mantenerse vertebrada, Bolivia ha de gobernarse desde un centro común que no privilegie el origen étnico de sus naturales.

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