La desigualdad municipal

Los ciudadanos son municipalmente desiguales en materia financiera. No supone lo mismo vivir en un pueblo de 5.000 habitantes que en una capital y, todavía peor, no supone lo mismo vivir en Vizcaya que en Guipúzcoa o Álava. El artículo 140 de la Constitución instaura el principio de autonomía municipal, que, para desarrollarse de forma plena, necesita ir acompañado de dinero, por lo que la Carta Magna establece que las "haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes". Pese a ello, las ciudades y pueblos de Euskadi están lejos de recibir los mismos ingresos por habitante.

El dinero llega a los municipios de la recaudación de sus propios tributos, los de la comunidad autónoma y los estatales. Euskadi mantiene aquí, como en toda materia fiscal, su situación particular gracias al Concierto. Los consistorios vascos reciben una financiación por término medio un 30% superior a los de territorio común. La clave radica en la participación en los tributos del Estado o de las comunidades. El entramado fiscal vasco permite a los ayuntamientos de los tres territorios una financiación muy superior. Mientras en Euskadi este tipo de ingresos suponen el 44% del total, en el resto de España se quedan en el 27%.

Los pueblos alaveses pequeños reciben la mitad de dinero que los vizcaínos Casi el 31% de un presupuesto local va a gastos en competencias ajenas

Esta situación no resulta nada homogénea. Por un lado, las diferencias entre territorios y ayuntamientos es notable según su tamaño (ver gráfico). Por otro, los consistorios cada vez están asumiendo más competencias por vía de hecho sin recibir a cambio una compensación financiera.

Las corporaciones vascas son ricas si se comparan con el conjunto de España, pero también los servicios que prestan son muy superiores a los de territorio común. Los ayuntamientos que reciben más fondos de los impuestos concertados son los vizcaínos, aunque que en algún tramo las cosas están ligeramente mejor en Guipúzcoa. Los alaveses se llevan la peor parte, si se deja fuera a las dos grandes ciudades de la provincia: Vitoria y Llodio.

Los pequeños municipios alaveses se hallan realmente infrafinanciados, lo que ha llevado al presidente de la asociación muncipal Eudel, Jokin Bildarratz, a asegurar en más de una ocasión que municipios de ese territorio no pueden permitirse abrir sus puertas a diario, porque no les llega el dinero. Los consistorios alaveses que tienen menos de 1.000 habitantes reciben casi la mitad de dinero de su Diputación que los vizcaínos de igual tamaño. Esta situación genera desigualdad porque las competencias de unos y otros son las mismas.

¿Por qué los ayuntamientos realizan y pagan tareas que no les corresponden por ley? La primera respuesta que llega del entramado municipal es que los ciudadanos las piden y el ayuntamiento es la administración más próxima. La realidad resulta algo más compleja. Casi el 31% de los presupuestos locales se destina a gastos en competencias que no son propias: guarderías, protección de derechos de los consumidores, centros de día, promoción de empleo, etcétera. Eudel estima que el gasto por vecino por este concepto asciende a 259 euros.

Muchas de estas competencias corresponden al Gobierno vasco y algunas son concurrentes. Eudel ha reclamado en múltiples ocasiones que los servicios que se presten y no sean propios lleguen con su financiación correspondiente. Aquí se encuentra otro de los grandes caballos de batalla municipales: la financiación debe ser no condicionada, es decir, no vinculado a una actividad.

El Gobierno vasco acostumbra a fijar líneas de crédito para prestar servicios con un criterio de oportunidad. Decide que deben ser prestados por la administración más cercana, los ayuntamientos. El vecino pide el servicio a su alcaldía. De esta forma, los consistorios se han encontrado con competencias no pedidas en servicios sociales (ayudas de emergencia, dependientes,...), euskaltegis, inmigración, guarderías, enseñanzas musicales, inserción, consumo, etcétera.

Forzados por la demanda ciudadana, los consistorios crean el servicio y contratan personal para cubrirlo. Sin embargo, en muchas ocasiones el Gobierno cambia luego de planes y decide que la cuestión concreta deja de ser prioritaria. Los ayuntamientos se encuentran así sin fondos, pero teniendo que hacer frente a una prestación a la que sus vecinos ya se han acostumbrado. Las entidades locales vascas desearían que se atendiese, por ejemplo, al modelo danés, donde cada cuatro años se revisa el sistema de financiación y las competencias para ajustarse a la realidad.