La nueva verdad oficial del 3 de Marzo

El Parlamento vasco se convirtió ayer en la primera institución oficial en desmontar la versión policial en torno a los hechos ocurridos en Vitoria el 3 de marzo de 1976, cuando la disolución de una asamblea de trabajadores dentro de una iglesia por la policía causó cinco muertos y decenas de heridos de bala. El pleno aprobó un dictamen en el que considera probado que se produjo un "uso irresponsable y homicida" de armas de fuego para responder a un problema de orden público y de origen laboral. El informe considera también que los responsables políticos de la época, los ex ministros Manuel Fraga, Rodolfo Martín Villa y Alfonso Osorio, tienen "responsabilidades políticas" en los sangrientos sucesos.

"Hubo un uso irresponsable y homicida de armas de fuego"

El dictamen, que ha sido elaborado por una ponencia parlamentaria que ha trabajado en el esclarecimiento de los hechos durante un año, salió adelante con los votos del tripartito, el PSE y Aralar. El PP y EHAK votaron en contra, aunque por motivos bien diferentes. Los populares aprecian en el informe un "afán de venganza política", mientras que para EHAK se trata "sólo de una descripción de hechos, sin que haya ningún tipo de compromiso". Sin embargo, el socialista Antonio Rivera, destacó que el verdadero valor del informe reside en que se limita a una descripción de hechos, pero redactada por un Parlamento. "La Cámara ha jugado en el filo de la navaja. El poder político ha redactado la verdad histórica. Hemos elaborado un memorándum para remitir a los archivos y a los historiadores. La única verdad oficial que circulaba hasta ahora era falsa. A partir de este momento, ya hay un dictamen de una institución oficial. Se ha restaurado la verdad frente a la falsa versión oficial", destacó.

El informe destaca como probada "la inadecuada dotación y preparación del operativo policial" y las instrucciones "desproporcionadas, que incitaban a desdeñar los derechos humanos más elementales". En su relato de los hechos, recoge que la Policía Armada "recibió la orden de desalojar, según las conversaciones captadas en su radiofrecuencia de comunicación, por las buenas o si no, a palo limpio".

Los mandos policiales, prosigue el dictamen, intermediaron con el párroco de la iglesia de San Francisco de Asís, donde estaban celebrando una asamblea cerca de 4.000 personas, mientras otras tantas esperaban fuera, para realizar el desalojo. El cura les respondió que no era necesario, porque "dentro del templo no se estaba produciendo ninguna situación de violencia ni incidentes de ningún tipo". No consta el permiso formal ni informal de ninguna autoridad eclesiástica para irrumpir en la iglesia.

Todos los partidos coincidieron en la necesidad de que los familiares de las víctimas reciban algún tipo de indemnización económica.