Nos quieren vigilar más

Cuando Orwell escribió 1984, el Estado era el Gran Hermano que sometía a una asfixiante vigilancia a los ciudadanos. Si viviera, se quedaría sorprendido: en Sevilla son los propietarios los que pretenden videovigilar a sus vecinos.

Esta historia, además, pudo haber sido más rocambolesca.

El pasado año, al poco de conformarse el gobierno único de la izquierda, Izquierda Unida (IU) se hizo cargo del área de Economía y Empleo. Desde el primer momento, el ala más derechosa de la patronal sevillana se preguntó angustiada cómo iban a dejar la economía en manos de los comunistas.

En los primeros contactos que el responsable por parte de la coalición de izquierda, Jon Ander Sánchez, tuvo con los comerciantes de Sevilla, éstos le plantearon la necesidad de instalar cámaras de videovigilancia en diversos puntos de la ciudad.

¿Es Sevilla acaso una ciudad peligrosa? El índice de infracciones que mide el Ministerio del Interior parece indicar que no y además tiene tendencia a la baja. Los últimos datos oficiales muestran que ese índice estaba en 2005 en 81,5 infracciones por 1.000 habitantes y descendió a 80,3 el año siguiente. La media nacional entre las ciudades con más de 500.000 habitantes se situó en 2006 en 81,6 por 1.000. Sevilla está por debajo.

A pesar de ello, los empresarios exigen que un Gran Hermano instalado por el Ayuntamiento vigile calles y centros comerciales. Durante un tiempo, el tema dormitó en los despachos de unos y otros hasta que despertó. Hace unos días, el jefe de filas de IU en el Ayuntamiento mandó a parar. Fuera videocámaras.

"Entre el binomio seguridad-libertad, yo siempre elegiré libertad", me comentaba Antonio Rodrigo Torrijos, teniente de alcalde y portavoz de IU en el Ayuntamiento.

La izquierda no debe sucumbir a la tentación de inundar las calles de policía y sembrarlas de videocámaras. En esa dialéctica, ganará la derecha. Ellos siempre pondrán más.

Los propietarios de comercios pretendían además que fuera el Ayuntamiento quien sufragara la operación. Videovigilar sólo una docena de calles del centro costaría al erario público 600.000 euros.

La derecha arguye que Málaga dispone de cámaras en el centro. Pero callan que el mismo Tribunal Superior de Andalucía (TSJA), a quien corresponde autorizar la instalación en la vía pública de espías electrónicos, las rechazó en Granada. El presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Damián Álvarez, decía en la Cadena SER que ya estamos suficientemente vigilados, que no ve razón alguna para instalar cámaras en las calles y que los comerciantes ya las tienen de puertas adentro.

La posición de IU es que si los comerciantes creen que necesitan vigilancia extra, que la propongan y la paguen ellos. Si el TSJA les da la razón, Torrijos no tendría más remedio que acatar la decisión judicial. Pero mientras, fuera cámaras.

La polémica se desarrolló en los días en que el Ayuntamiento sevillano cumplía el primer año de mandato. Es posible que el balance presentado por sus responsables no sea todo lo brillante que ellos han pretendido. Pero hay que reconocer aciertos.

La presencia de IU en el gobierno ha sido beneficiosa para la ciudad. Mucho más que la anterior alianza entre socialistas y andalucistas. IU ha empujado al PSOE al desarrollo de una política social más ambiciosa que se ha hecho patente, entre otros, en estos campos: viviendas protegidas, presupuestos participativos, siniestralidad laboral a través de las cláusulas de calidad social, bono-bus solidario para parados, docenas de kilómetros de carril bici... Y por último, la peatonalización del centro y el tranvía. Ése que a algunos les parece una catetada. Pues qué bien. Soy un cateto al que le encanta pasear sin el agobio de coches y autobuses por la avenida de la Constitución. ¡Y sin videocámaras!