La fiscalía investiga 16 casas ilegales en el Millars

Tras el macroproceso iniciado contra más de un centenar de personas ante la existencia de indicios de un posible delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio en el marjal de Nules, la Fiscalía de Castellón ha abierto ahora diligencias de investigación penal por la construcción de 16 edificaciones ilegales en la desembocadura del río Millars, en Almassora. La actuación es consecuencia de una denuncia del Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) por la existencia de más de un centenar de edificaciones ilegales. Sin embargo, el fiscal ha archivado las diligencias colectivas y ha decidido abrir un expediente por cada una de las construcciones, realizadas entre 2003 y 2006. El fiscal apunta también que varias de las ilegalidades denunciadas por el propio Ayuntamiento de Almassora han prescrito, ya que han transcurrido los tres años que marca la ley para la prescripción de un delito contra la ordenación del territorio. Aun así, la Fiscalía ha decidido remitir la documentación a la Confederación Hidrográfica del Júcar, sobre cuyo suelo se levantaron las edificaciones, a la Consejería de Medio Ambiente, debido a que se trata de un espacio protegido, y a la Dirección General de Costas, competente en el ámbito.

El portavoz de Gecen, Francisco González, mostró ayer su satisfacción por la actuación de la Fiscalía e interpretó la decisión de trasladar los expedientes a las instituciones "para los efectos oportunos", como señala el fiscal en su auto. Según González, los "efectos oportunos" no pueden ser otros que "los que indica la ley", es decir, "el inicio o continuación de los trámites administrativos oportunos que han de concluir con la demolición de las viviendas y construcciones de todo tipo existentes en la zona, y la restauración del dominio público usurpado por supuestos propietarios que se han apropiado ilegalmente de un terreno que pertenece al conjunto de los ciudadanos". Por vía penal o por vía administrativa, la asociación considera "fundamental" la intervención de la Justicia y de las administraciones afectadas para "poner punto final a la vulneración sistemática de la legalidad que degrada gravemente el espacio natural protegido". Así, ha anunciado que solicitará, el resultado de "los efectos oportunos" a la Consejería de Medio Ambiente, Costas y Confederación e iniciará las oportunas actuaciones legales si las diferentes administraciones no actúan a favor de la restauración de la legalidad.