Los cultivos ilegales cercan Doñana

Cuatro agentes de la Consejería de Medio Ambiente en Doñana fueron detenidos la semana pasada acusados de cobrar dinero a cambio de mirar hacia otra parte y no denunciar la presencia de los cultivos ilegales, aquellos que crecen en terrenos de uso forestal y no agrícola. El suceso volvió a poner encima de la mesa el fenómeno de los cultivos que se abren paso en zonas forestales o protegidas. Se trata de algo muy característico de Huelva, una provincia que busca un difícil equilibrio entre la potencia de su agricultura y el sostenimiento de joyas ecológicas como Doñana.

Un par de días después de que se detuviese a los agentes, la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva, en su informe anual, volvió a destacar los delitos contra el cambio del uso de los terrenos -de forestal a agrícola-, como uno de los problemas más acuciantes, especialmente en el entorno del parque nacional. La organización ecologista WWF/Adena calcula que hay más de 2.000 hectáreas de cultivos ilegales en zonas de monte público y espacios protegidos en el ámbito de Doñana.

El eje Moguer, Lucena del Puerto y Bonares destaca por sus denuncias

El uso que se da a la tierra suele estar centrado en el cultivo de fresas, arándanos o frambuesas. Legalmente, la provincia ha transformado más de 13.335 hectáreas de suelo forestal en agrícola en los últimos diez años, según datos del delegado de Medio Ambiente en Huelva, Juan Manuel López. Pero la Consejería ha abierto, desde 2006, 150 expedientes sancionadores por los cambios de uso irregulares.

El fenómeno existe desde hace décadas, recuerda Félix Sanz, portavoz de Asaja en la provincia. "Pero no creo que ahora haya un problema alarmante. La mayoría de los terrenos se han ido regularizando con el tiempo y ahora se les está intentando dar forma. Pero está claro que actualmente, en una provincia eminentemente forestal como es Huelva y con amplias zonas protegidas, hacer un cambio de uso es muy complicado. Incluso en parajes de eucaliptos, donde hace tres años era muy fácil conseguir un cambio de uso para cultivos", afirma.

En 2003 la Consejería de Medio Ambiente redactó el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) para tratar de poner orden en éste y otros problemas. Pero los intentos para abordarlos por la vía penal empezaron hace unos tres años. "En 2005 la Delegación de Medio Ambiente en Huelva nos informó del problema de los cambios de uso del suelo, nos subrayaron que los procedimientos sancionadores administrativos no funcionaban, porque a los agricultores se les imponía una multa y al día siguiente las pagaban. Económicamente les compensaba, pues seguían con su actividad agrícola", destaca Alfredo Flores, fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Huelva. "En muchos casos, encontramos además que los cambios de uso de suelo iban ligados a la construcción de otros elementos sancionables, como las balsas para regadío, por ejemplo. También había posibles delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales en zonas protegidas", continúa el fiscal Flores.

Entre 2005 y 2006 la Fiscalía empezó a abrir diligencias de investigación y a formular denuncias a los juzgados. En 2007 se realizaron los primeros juicios orales. Se han dictado cinco sentencias, todas condenatorias. Y salvo una, todas han sido de conformidad con los acusados. "En esos casos, lo que hace es condenarlos a un año de prisión, pero si quieren la suspensión de la condena tienen que plantear y ejecutar un plan de restauración ambiental del espacio afectado, que deberá aprobar la Consejería de Medio Ambiente. Además, se debe abonar una sanción", destaca Flores. Hay varias ejecutorias pendientes de que se presenten y lleven a cabo dichos planes de restauración. "Todavía no hay ningún caso en que se haya completado, pero hay que comprender que es un proceso lento".

El área donde se han denunciado más casos de cambios de uso del suelo en la Fiscalía forma un eje entre los municipios de Moguer, Lucena del Puerto y Bonares, donde uno de los ejemplos más famosos es el de la finca de El Avispero, denunciada en la Fiscalía por Ecologistas en Acción. Los fiscales se quejan de falta de colaboración por parte de los ayuntamientos y critican que hayan permitido el fenómeno sin ponerle coto. Y es que la mayoría de los terrenos que se ven afectados por irregularidades están relacionados con tierras de canon que los consistorios arriendan a particulares para que estos cultiven. El problema se da cuando amplían las explotaciones, arañando hectáreas en áreas forestales de terreno público.

Algunos alcaldes de la zona no tienen tan claro que ellos tengan que vigilar la conducta de sus vecinos. "No podemos perseguirlos a todos. Yo creo que en el tema de los cambios de uso del suelo, quien debería de controlarlo es la Junta de Andalucía", protesta Manuel García, alcalde de Lucena del Puerto. García añade además que las leyes y normas en esta materia son ambiguas y no contemplan los usos tradicionales. "Aquí hay vecinos que pueden llevar un siglo cultivando una parcela y de repente se enteran de que la zona es forestal porque unos señores lo dicen", critica. "Otra cosa es que el agricultor convierta, a sabiendas un terreno forestal en otro agrícola de manera ilegal. Eso sí que hay que sancionarlo", afirma el alcalde.