La Policía interroga al concejal de Urbanismo

Rafael Duarte, concejal de Urbanismo de Estepona (Málaga), presenció el lunes cómo la Policía registraba su delegación palmo a palmo. El concejal, conocido por su trabajo al frente de la ingobernable delegación de Urbanismo de Marbella tras el caso Malaya, dijo estar tranquilo. Después de 15 horas de registro, en las que revisaron su despacho y el de sus tres coordinadores, entre otras dependencias municipales, se marchó a casa. Ayer, la Policía le citó a declarar como imputado. Estaba previsto que su comparecencia comenzará a las 18.00 en la comisaría local. Acudió con abogado.

El edil se llevaba una bronca cada vez que señalaba irregularidades

Todo el mundo se extrañó el martes, de que en esta operación contra la corrupción urbanística de Estepona, el concejal de Urbanismo no resultara salpicado, como ha ocurrido en otros casos muy similares. Duarte es casi un recién llegado a la política de esta localidad.

Llegó al municipio después de una legislatura en la que el alcalde Antonio Barrientos pactara con el Partido Estepona (PES, antiguo GIL) y cediera a esta formación un lugar en el área de Urbanismo. La gestión de los ex gilistas, fue caótica. Para mejorar este punto flaco, el PSOE pidió a Duarte en las pasadas elecciones municipales que concurriera en su lista.

En su etapa como vocal de Urbanismo de la gestora, creada tras la disolución de la corporación municipal marbellí, Duarte fue inflexible con las construcciones irregulares y abrió numerosos expedientes sancionadores. La idea de los socialistas era repetir la fórmula en Estepona, pero no salió tan bien como se esperaba.

Cada vez que el concejal hablaba de irregularidades urbanísticas, sanciones o expedientes, se llevaba alguna reprimenda de alcaldía. Hasta junio, en la ciudad había más de 1.500 expedientes pendientes de resolución, 300 tienen por construcciones diseminadas, pero Barrientos quitaba hierro al asunto diciendo que eran irregularidades menores. "El temor a espantar a los inversores siempre estaba ahí", señala un edil cercano a Duarte. El alcalde y el concejal no llegaron a enfrentarse públicamente, aunque Barrientos matizó numerosas veces las estadísticas de Duarte.

El edil de Urbanismo impulsó la paralización de 90 obras, propuso 10 demoliciones, precintó dos construcciones y reactivó 67 expedientes sancionadores. Localizó hasta 50 licencias anteriores y contrarias al Plan General de Ordenación Urbanístico actual, de 1994, y las declaró caducas para evitar que se ejecutaran.

La actuación más drástica fue la suspensión de los trabajos de instalación de más de 1.000 vallas publicitarias que una empresa local estaba colocando sin licencia. La empresa tenía un contrato firmado con el anterior concejal de Servicios, José Ignacio Crespo (jefe gilista en prisión por el caso Astapa), sin publicidad.

La dimisión de Barrientos convierte a Duarte en el hombre fuerte del PSOE de Estepona, con aspiraciones a convertirse en alcalde. Todo depende de la situación en la que quede tras prestar declaración a la Policía.