La juez envía a prisión al alcalde de Estepona y a su jefe de gabinete

El alcalde de Estepona (Málaga), Antonio Barrientos, del PSOE, salió ayer a las 20.22 de los destartalados juzgados de la ciudad camino de la prisión provincial de Alhaurín de la Torre. Barrientos, disimulando las esposas bajo una chaqueta e intentando componer una sonrisa, atravesó el pasillo formado por unas vallas amarillas de obra. Detrás de las barreras, en el lado izquierdo, se situaban los partidarios del regidor, que le jaleaban y aplaudían capitaneados por las tres concejalas socialistas también detenidas en la Operación Astapa contra la corrupción.

En el lado derecho, los detractores despedían al todavía alcalde con un torrente de insultos: "¡delincuente!", "¡corrupto!", "¡chorizo!". Varias de esas personas eran profesionales de la bronca que habían dedicado los mismos improperios a los fiscales anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero y Francisco Jiménez Villarejo, sin saber quiénes eran. A medida que avanzaba por el pasillo humano, a Barrientos, de traje azul y barba de tres días, se le iba ensombreciendo el rostro.

Barrientos, de 47 años y alcalde desde 2003, está imputado por cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales. Antes de comparecer ante la juez y de saber que iría a prisión, Barrientos firmó una carta dirigida al Pleno municipal en la que presenta su dimisión irrevocable y pide que se mantenga la presunción de inocencia, informaron a Efe fuentes de su defensa. Esta carta será presentada hoy por la mañana en el registro municipal. En los próximos días, Barrientos, médico de profesión, escribirá una carta abierta dirigida a los ciudadanos de Estepona.

En la última jornada de interrogatorios, la juez Isabel Conejo envió también a prisión al jefe de gabinete del alcalde, José Flores, verdadero hombre fuerte del ayuntamiento y del PSOE en la ciudad, y a Manuel Reina, concejal del partido posgilista PES (Partido Estepona). Además, la instructora, siguiendo la petición del fiscal, decretó libertad bajo fianza de 300.000 euros para el abogado Juan Simón, acusado de blanqueo, tráfico de influencias y cohecho, y de 50.000 euros para el concejal de Hacienda, el socialista Francisco Zamorano.

Los interrogados ayer, junto al edil del PES José Ignacio Crespo y el técnico del área de Urbanismo Xavier Wittmeur, encarcelados el jueves, conforman el núcleo duro de la trama corrupta destapada en la localidad vecina de Marbella, según los investigadores.

La operación se inició en la madrugada del martes, y ese mismo día por la noche la juez Isabel Conejo empezó a tomar declaración a los detenidos. La joven juez comenzó por los promotores y constructores acusados de pagar comisiones para conseguir la firma de convenios urbanísticos y licencias municipales de todo tipo. Entre ellos destacan el dueño de la constructora cordobesa Prasa, José Romero y el ex consejero delegado de la promotora Valle Romano, Luis Fernando Linares. Ambos quedaron en libertad bajo fianza de medio millón de euros.

La titular del Juzgado número 1 de Estepona, siguió con una lista de técnicos municipales de urbanismo y abogados y dejó para el final a los cargos públicos y políticos municipales, acusados de recibir los pagos ilegales de los empresarios y de contratar a familiares y amigos en el ayuntamiento sin mediar concurso.

Al final, de los 26 arrestados en esta fase de la operación -los investigadores no descartan que el análisis de la documentación intervenida conduzca a más detenciones- cinco han sido enviados a prisión, cuatro han sido puestos en libertad con cargos, y 17 deberán abonar en el plazo de 72 horas fianzas que oscilan entre los 15.000 y los 500.000 euros. Ayer, 10 de los imputados habían satisfecho ya las cantidades que les pedían.

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