Frente común en Suramérica contra la directiva de retorno

Los países suramericanos reaccionaron ayer de forma unánime contra la directiva de retorno de inmigrantes indocumentados aprobada el martes por la UE, y estudian una respuesta conjunta que podría suscribirse en la cumbre del Mercosur, prevista el 1 de julio en Tucumán (Argentina).

Las protestas de los Gobiernos de Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina y Perú coinciden en los mismos puntos: la normativa, dicen, es discriminatoria y viola los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libre circulación. Todos recuerdan también las intensas relaciones migratorias que han existido históricamente entre Europa y América.

El tono más contundente lo empleó el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que se refirió a la normativa europea como "directiva de la vergüenza", el mismo término empleado por el boliviano Evo Morales. "Qué pena que esa Europa de las luces sea hoy un símbolo de contradicciones", dijo Correa, que impulsará "un frente regional" para responder a "esa barbaridad". Evo Morales había propuesto exigir visado a los europeos, pero ayer el vicecanciller boliviano, Hugo Fernández, se mostró partidario de no tomar "decisiones apresuradas" y de "estudiar medidas de acuerdo a los intereses bolivianos".

El Gobierno brasileño destacó que la norma "contribuye a crear una percepción negativa de la inmigración". También Paraguay deploró que se haya "criminalizado el tema migratorio", y dijo que la directiva "es una incongruencia en las intensas relaciones migratorias que Europa y América Latina han sabido desarrollar a lo largo de siglos". También apeló a las relaciones históricas el ministro de Exteriores de Perú, José Antonio García Belaúnde, que dijo que la norma "no se conduce con la tradición europea". Perú, Colombia y Ecuador enviaron, como Comunidad Andina, una carta a la UE para pedir "una reflexión conjunta" sobre los efectos de la propuesta.

Argentina rechazó "el uso de conceptos como migración legal e ilegal" y dijo que la cuestión migratoria "sólo podrá ser resuelta desde el respeto de los derechos humanos y el fomento del desarrollo económico y humano".

El secretario general iberoamericano, Enrique V. Iglesias, dijo que las medidas aprobadas "pueden producir grandes injusticias", pues "minan el clima de confianza, armonía y respeto que es indispensable para una cooperación internacional efectiva y justa".