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Golpe a la corrupción municipal

Prisión para un ex líder del GIL de Estepona y un técnico urbanístico

El edil Crespo está acusado de cohecho, blanqueo y tráfico de influencias

Primeras órdenes de prisión en la Operación Astapa contra la corrupción en Estepona (Málaga, 60.000 habitantes). José Ignacio Crespo, hombre fuerte del gilismo en la ciudad, y ex socio de gobierno del alcalde socialista Antonio Barrientos, salió ayer a las 19.45 camino de prisión entre los insultos de un centenar de personas que prácticamente cortaba la calle de los juzgados.

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Crespo, abogado de dura personalidad, llevaba la cara tapada por un jersey cuando fue introducido en un vehículo policial que puso rumbo a Alhaurín de la Torre. Segundos después, el ingeniero Xavier Wittmeur, técnico del área de Urbanismo encargado de la tasación de fincas para los convenios urbanísticos, entraba esposado y custodiado por dos agentes en otro coche. Al contrario que Crespo, Wittmeur, número ocho en la lista del Partido Estepona (PES, antiguo GIL) en las últimas elecciones municipales, fue aclamado por los vecinos concentrados ante la sede judicial.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, imputa a Crespo cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales. A Wittmeur, la juez le considera responsable de falsedad documental, fraude y malversación. Supuestamente, Wittmeur tasaba por debajo de su valor real el suelo que el ayuntamiento cedía a promotores para que éstos construyeran.

Según la investigación, la diferencia entre esta tasación y el valor real de mercado de las fincas era ingresado por las empresas en una caja b que supuestamente gestionaban el alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano (PSOE), y Manuel Reina, ex edil de Hacienda del PES, que declararán hoy ante la juez. El dinero servía para pagar comisiones a los políticos y técnicos de la trama corrupta, que acumula 26 detenidos. Los 13 imputados que declararon el martes y el miércoles, casi todos promotores y constructores, salieron en libertad con cargos, nueve de ellos bajo fianza.

Tras Crespo y Wittmeur, la juez interrogó al arquitecto municipal Arturo Cebrián y al abogado Manuel Barroso. Ya de madrugada, ordenó para el primero libertad bajo fianza de 30.000 euros por cohecho y tráfico de influencias; mientras que a Barroso le impuso fianza de 15.000 euros por un presunto delito de blanqueo de capitales. La juez decidió prorrogar la detención de Juan Simón, socio de despacho de Barroso. A primera hora de la tarde habían sido trasladadas al juzgado las ediles socialistas Marisa Rodríguez, Mariví López Cabeza y Asunción López. La primera quedó en libertad con fianza de 50.000 euros acusada de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho. Para las otras dos concejalas, a quienes imputa cohecho y tráfico de influencias, la juez ordenó sendas fianzas de 30.000 euros. También impuso otra de 300.000 euros el ex coordinador de Urbanismo Pedro López, acusado de cohecho y malversación de caudales. Otras cinco personas declararán hoy. El alcalde cerrará la ronda de comparecencias ante la juez.

A las puertas del Juzgado de Estepona acudieron a mostrar su apoyo a las concejales, entre otros, los ediles de Seguridad, Antonio Sánchez, y de Urbanismo, Rafael Duarte. Este último fue fichado por Barrientos para las últimas elecciones y desde el principio se mostró muy crítico con la situación urbanística municipal, con 1.578 expedientes abiertos por irregularidades.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de junio de 2008