Ibarretxe trata de dar un giro social a su imagen en vísperas de la consulta

La cercanía del pleno sobre la consulta está trayendo consigo un incremento en la actividad sectorial del Gobierno, que hoy da luz verde, con un año de retraso, a la ley destinada a equiparar las pensiones con el salario mínimo, pactada en 2007 con el PSE-EE.

El Ejecutivo intenta compensar su escoramiento hacia la consulta

El proyecto de ley llega con un año de retraso sobre lo acordado con el PSE

El Ejecutivo ha tomado conciencia de que su monolítica apuesta por la consulta ha hecho de ella su imagen de marca ante la sociedad y mediatiza de un modo determinante la percepción que de su actuación tienen los ciudadanos. El Gobierno, siguiendo el consejo del consejero Javier Madrazo tras el varapalo de las elecciones generales del 9 de marzo, ha decidido ahora dar un cierto giro a su actuación, en un intento por añadir pinceladas de contenido social a esa imagen de su política marcada por la apuesta soberanista.

El protagonismo monopolizador que ha tenido esta cuestión en su actividad desde septiembre del año pasado se percibe ahora como problemático, e incluso electoralmente arriesgado. La previsible desactivación del proyecto de ley en que ha terminado concretándose la consulta, sea por el rechazo del Parlamento o por la suspensión del Tribunal Constitucional, daría lugar a un vacío peligroso en términos de iniciativa política.

Sobre todo ahora que los partidos del tripartito, no se sabe si también el propio lehendakari, han cambiado su percepción sobre la conveniencia del adelanto electoral: quieren alargar su mandato lo más posible, y para ello necesitan proyectos en los que sustentar la continuidad.

De ahí que, desde después de las elecciones de marzo, y con más intensidad en las últimas semanas, el Gobierno esté realizando, casi semanalmente, anuncios de iniciativas y aprobaciones de proyectos de ley pendientes, en algunos casos, desde hace años. La viabilidad final de algunos de ellos será otra cuestión, dados los plazos parlamentarios y la necesidad de acuerdos para que la Cámara los apruebe.

En esa línea, el Gobierno dará luz verde en el consejo de hoy a uno de esos proyectos de ley retrasados: el de modificación de la Ley de Exclusión que, entre otras cuestiones, debe equiparar las pensiones más bajas con el salario mínimo interprofesional.

Dará así cumplimiento a una parte del acuerdo en materia de política social firmado en marzo de 2007 entre el Ejecutivo y el Grupo Socialista, como parte de la negociación por la que el PSE-EE apoyó los presupuestos de ese año, aprobados en diciembre de 2006.

El Gobierno debería en realidad llevar pagando esos complementos desde enero de este año, ya que los responsables del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social se comprometieron a llevar el proyecto de ley al Parlamento antes del verano pasado y a aprobarlo antes de fin de 2007.

La medida "comenzará a regir en el ejercicio inmediatamente posterior a su entrada en vigor", reza el apartado 2.1 b del citado acuerdo. Con la demora en un año de la aprobación de la ley se retrasará en igual tiempo el abono de los complementos. La duda es si el Gobierno los pagará con efectos retroactivos.

El PSE recordó recientemente al Gobierno el incumplimiento de su compromiso y el viernes próximo el Parlamento debatirá a iniciativa del Grupo Socialista una proposición no de ley sobre el particular.

La parlamentaria portavoz en políticas sociales del PSE-EE, Gemma Zabaleta, tiene además pendiente de exposición ante el pleno de la Cámara una interpelación al consejero del área, Joseba Azkarraga.

Zabaleta atribuyó recientemente el retraso habido a las diferencias entre los partidos del tripartito, "el que firma [el acuerdo con los socialistas], el PNV, y el que paga, EA", dijo a este periódico.