La flota que no flota

Con la subida de los precios del gasóleo como protagonista, el sector de la pesca se ha quedado en tierra en demanda de medidas que le permitan salir a faenar en ciertas condiciones de rentabilidad. Preocupa el coste del combustible, que en los últimos cinco años ha pasado de 0,20 a una media de 0,65 euros por litro.

Pero el problema de la flota española no sólo radica en el combustible, sino que se concreta en la dificultad para mantener una posición competitiva frente a las flotas de terceros países. La actual situación del sector está marcada también por las cada día mayores dificultades, más días de faena, para llenar las bodegas por la sobreexplotación de los caladeros, por la competencia en los mercados de las pesquerías ilegales y por los mayores costes de explotación que suponen cumplir las exigencias sociolaborales y sanitarias de la normativa comunitaria.

Las importaciones a bajos precios y la pesca ilegal hunden los mercados

La competitividad de la flota española está amenazada por terceros países

La Confederación Española de Pesca ha presentado a la Administración un plan de viabilidad para la flota que abarca desde un plan de reestructuración del sector -reducción de barcos con ayudas comunitarias- hasta medidas en materia de seguridad social, seguros para disponer de un precio estable del gasóleo, mayor control de las importaciones a bajos precios, eliminación de la pesca ilegal o un segundo registro para los congeladores que operan en aguas lejanas o la búsqueda de nuevos caladeros.

El gasóleo constituye un punto fundamental en el conjunto de los costes de explotación de los barcos. Su peso es muy diferente según los tipos de flota y las artes de pesca. En conjunto, se estima que el componente energético supone una media del 40% sobre los costes de explotación de un barco, aunque ese porcentaje se puede elevar hasta el 50% cuando se trata de grandes barcos congeladores que operan en caladeros lejanos dedicados a la captura de especies altamente migratorias en el Índico o en el Atlántico.

En los últimos años, la Administración y las organizaciones de pesca han puesto en marcha diferentes programas de investigación para el desarrollo de alternativas al gasóleo, sin que hasta la fecha se hayan concretado soluciones al problema.

Además del gasóleo caro, un segundo problema a que se enfrenta la flota española es la existencia de unos caladeros cada vez más sobreexplotados y las dificultades para acceder a las aguas de terceros países, cuyos Gobiernos pretenden explotar directamente sus recursos.

España, con una flota que ha pasado en la última década de casi 20.000 a unos 13.000 barcos y con los caladeros propios muy agotados, se vio obligada históricamente a acudir a pesquerías exteriores para mantener la actividad de sus barcos y, sobre todo, de lograr capturas para atender una demanda de unos 40 kilos por persona y año, la más alta de la UE. Históricamente, se estimaba que dos terceras partes de los desembarques procedían de aguas exteriores. En la actualidad, sobre una flota de unos 13.000 barcos, 180 lo hacen en caladeros comunitarios y algo más de 300 en aguas internacionales, a los que se suman otros 500 barcos que operan como empresas mixtas en todo el mundo bajo bandera de otros países como única salida para mantener la actividad.

En la actualidad, según los datos manejados por FAO, casi el 70% de los recursos marinos están explotados o sobreexplotados. Este recorte de las posibilidades de pesca se refleja claramente en los desembarques en los puertos españoles que han pasado en la última década de 1,3 millones de toneladas a las 710.000 toneladas de 2006. Ello supone que cada vez es más difícil llenar las bodegas de capturas, lo que se traduce en un mayor tiempo y dinero para lograr el mismo volumen.

En esta evolución negativa de los recursos de los caladeros, una parte de la responsabilidad recae sobre las flotas legales que han hecho capturas por encima de las cuotas asignadas. Pero la parte más importante responde a la existencia de pesquerías mal reguladas donde se llegan a descartar (pescar peces que por no dar la talla o por su escaso valor se tiran nuevamente al mar) hasta el 23% de las capturas, que suponen unos 20 millones de toneladas, o por las pesquerías ilegales. Los caladeros esquilmados, los ubicados en aguas comunitarias y los existentes en aguas exteriores han abocado a esta situación de deterioro, consecuencia tanto de una mala política de las diferentes Administraciones, en este caso el fracaso de la Política Pesquera Común, como por la irresponsabilidad en muchos casos de las propias flotas con capturas por encima de sus posibilidades o derechos de pesca.

Para la flota comunitaria en su conjunto, pero muy especialmente para la española que es la que tiene una mayor presencia en los caladeros exteriores a la Unión Europea, uno de los problemas más importantes a los que debe hacer frente es la diferencia de costes entre un barco bajo pabellón nacional frente a barcos de banderas de conveniencia o de terceros países. En los barcos comunitarios se deben cumplir una serie de exigencias en materia de normas de navegación, seguridad e higiene, medidas de control, condiciones sanitarias, respeto del medio ambiente y, sobre todo, la protección social, salarios de los trabajadores y el cumplimiento de tripulaciones mínimas.

Frente a estas exigencias para los barcos pesqueros comunitarios, en las pesquerías mundiales operan embarcaciones sujetas a pabellones de conveniencia donde no existe ninguna de esas exigencias, lo que se traduce en una fuerte rebaja de los costes de explotación. Bajo este tipo de pabellones hay también muchos barcos españoles.

Según datos manejados por el sector, el coste de explotación de un barco atunero bajo bandera española sería de 5,3 millones de euros. Si ese barco se halla bajo bandera de una sociedad mixta, ese coste bajaría a 3,39 millones, y a menos de 1,3 millones si el barco opera bajo bandera de países como Filipinas o Ecuador.

La competitividad de la flota española está amenazada igualmente por las elevadas entradas de productos de la pesca a bajos precios importados desde terceros países.

España tiene un consumo anual estimado en unos 1,7 millones de toneladas entre productos frescos, congelados o elaborados, frente a una producción nacional de poco más de 700.000 toneladas.

Un fenómeno muy importante en contra de la actividad de la flota española son las pesquerías ilegales no reguladas ni reglamentadas. Según los datos manejados por FAO, en la actualidad, la pesca ilegal supone en el mundo más del 30% de todas las capturas.

La política seguida por Bruselas de desarme arancelario para la entrada de productos de la pesca desde terceros países está suponiendo igualmente fuertes caídas de precios en lonja en detrimento de la rentabilidad de las capturas de los barcos españoles. Esta situación supone en todos los casos un golpe bajo para los armadores españoles en cuanto supone competir en un mismo mercado con costes de explotación muy diferentes. Pero la situación es mucho más grave cuando esas entradas de pescado corresponden a pesquerías ilegales que entran en la Península en muchos casos vía transbordos también ilegales en alta mar. La Administración pesquera española ha propuesto que todo pescado tenga una certificación para frenar este tipo de actuaciones.

A este problema de los precios a la baja se suma la comercialización de una serie de especies bajo una etiqueta incorrecta que da lugar al fraude y a la confusión de los consumidores.

Finalmente, el sector se enfrenta a la existencia de una flota sobredimensionada -a pesar del recorte de 4.000 barcos de la última década- ante la dificultad para buscar caladeros rentables, una flota que debería seguir el ajuste con ayudas comunitarias en función de las posibilidades reales de pesca. -