"Mis negocios eran compatibles"

Juan Antonio Roca, nacido en Cartagena hace 55 años, no llegó a Marbella en la indigencia, como aseguran los investigadores del caso Malaya. Hizo su ingente patrimonio, que el Ministerio del Interior cifró en 2.400 millones en un primer momento, en apenas 20 años. Y lo hizo, siempre según su testimonio, "dentro de la legalidad" y "respetando la compatiblidad" con su trabajo en el Ayuntamiento. Entre la larga lista de bienes que se lan invtervenido hay una enorme colección de arte, propiedades inmobiliarias en diferentes puntos de España, una ganadería, caballos, embarcaciones o un avión.

El su última declaración antes que se cierre del sumario, el máximo imputado en la trama de corrupción municipal quiso dejar bien claro que no tuvo nada que ver con los convenios urbanísticos que se firmaron en el Ayuntamiento. "Yo no daba instrucciones en cuestión de urbanismo ni era el delegado del alcade", mantuvo. Por este caso también ingresó en la cárcel la entonces alcaldesa marbellí Marisol Yagüe, del Grupo Independiente Liberal (GIL), a la que el juez Miguel Ángel Torres, principal instructor del caso, consideraba "una marioneta" de Roca.

"Estuve en Planeamiento 2000 -una sociedad muni-cipal- para coordinar al equipo técnico que revisó el plan de ordenación del 1986. Más allá de eso, no tuve ninguna intervención de hecho, ni de derecho con el urbanismo de Marbella". dijo.

Roca está procesado por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias, entre otros. Lleva dos años en prisión preventiva y la Audiencia Provincial acaba de ampliar su estancia otros dos más por su elevado riesgo de fuga. "Yo no modificaba las características de ninguna clase de suelo. Sólo compraba parcelas a través de sociedades y negociaba con el promotor una participación en los beneficios finales [...] algo que era compatible con mi dedicación a la sociedad municipal".

Roca aseguró que escondió su patrimonio cuando llegó a la Costa del Sol porque una de sus sociedades había quebrado y estaba inhabilitado para el comercio. El ex asesor hizo negocios con importantes promotores, ahora procesados por cohecho, como José Avila Rojas. El empresario granadino reconoció en su primera declaración que negociaba con Roca convenios en los que se cambiaba el uso o aumentaban el volumen de las parcelas. Pero eso fue hace dos años. En su última declaración, Ávila Rojas negó haber pagado para conseguir favores urbanísticos y dijo que la otra vez "estaba presionado". Lo mismo ocurrió con Franscisco García Lebrón, el único directivo de Aifos que se atrevió a declarar contra del ex asesor urbanístico cuando vió que el juez Torres le enviaba a prisión. El ex asesor sí reconoció participación en convenios firmados cuando Julián Muñoz era alcalde, pero dijo que siempre "siguió las instrucciones" del ex alcalde Jesús Gil.

En cuanto a sus negocios, restó importancia a la detallada contabilidad que la policía halló en la sede de Maras Asesores y dijo que los largos listados repletos de iniciales semejantes a promotores y concejales con cifras asociadas "podían o no ser reales". "En todo caso no eran cantidades para torcer voluntades", aseguró. Sí reconoció una serie de "préstamos" a los ediles Carmen Revilla, Rafael González y Rafael Calleja, que encajan con sus últimos testimonios.