Ningún dedo acusa a Roca

Dos años después de que la policía irrumpiera en el Ayuntamiento de Marbella y destapara la mayor trama de corrupción municipal investigada en España, el susto y el desconcierto inicial de los 86 procesados en el caso Malaya ha pasado. Cuando falta muy poco para que el magistrado Óscar Pérez, segundo instructor del caso, cierre el sumario se adivina una estrategia que la práctica totalidad de los acusados sigue a rajatabla y con la que pretenden salir lo más airosos posible del macrojuicio: nadie inculpa a Roca y el ex asesor urbanístico tampoco carga contra nadie.

Los pagos a concejales se han convertido en préstamos

Los dos ex alcaldes imputados se han negado a recibir nuevas preguntas

Algunos dicen ahora que se "inventaron" cobros bajo presión y para evitar la cárcel

En sus declaraciones indagatorias, uno de los trámites previos al cierre de la instrucción, niegan las acusaciones, subrayan los defectos al trabajo policial y quitan valor a las primeras confesiones alegando que estaban bajo presión o coaccionados.

La larga lista de procesados, con ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL), empresarios, promotores, abogados, marchantes de arte o policías ha tenido tiempo de idear la mejor forma de defenderse. Con el secreto de sumario levantado y un nuevo instructor, al que todos alaban la corrección en el trato, mantienen sin ambages que nada existió, que el agujero de 500 millones en el Ayuntamiento marbellí y la despatrimonialización de la ciudad a fuerza de convenios en las que sus vecinos perdieron la posibilidad de tener colegios, zonas verdes y centros de salud eran "sólo negocios" urbanísticos. Atrás queda la primera disolución de un Ayuntamiento en la historia de España y una ciudad con un verdadero conflicto para legalizar sus más de 18.000 viviendas irregulares.

Casi todos los acusados de la trama de corrupción, detenidos a base de fases y coletazos de la instrucción, han vuelto a los juzgados de Marbella para hablar de las acusaciones por las que están procesados y aportar precisiones sobre su versión.

Uno a uno han pasado por la sala del Juzgado número 5 de Marbella y dando explicaciones muy coincidentes: los pagos a concejales a cambio de resoluciones favorables nunca existieron y las relaciones de los promotores que construyeron en la ciudad con el máximo imputado del caso no eran más que negocios particulares.

El primer golpe de efecto lo dio la ex edil del GIL Carmen Revilla, el 18 de febrero. "Nunca he recibido dinero a cambio de hacer las cosas mal", aseguró al juez Pérez. "Dije que había recibido dinero porque veía que no salía de la cárcel. Roca me prestó 90.000 euros pero fue a título personal". Le siguió José Luis Fernández Garrosa, también ex concejal del GIL: "Aseguré que la alcaldesa me había dado dinero porque me sentía coaccionado, me lo aconsejaron para que evitara la cárcel".

Los abogados de Juan Antonio Roca no disimulaban su agrado. "Se ha demostrado que ha habido gente que ha declarado bajo presión, con miedo de ir a la cárcel", explicaban. Pero las declaraciones indagatorias no son más que un trámite previo a la vista oral. El procesado puede decir en qué puntos está conforme y los que desaprueba. No será en el juicio cuando toque poner las pruebas sobre la mesa.

Por si acaso, algunos de los procesados más conocidos no han aceptado preguntas de los abogados de sus compañeros de banquillo. Ni el ex alcalde Julián Muñoz, ni su sucesora en el cargo, Marisol Yagüe, accedieron a resolver las dudas de las partes. Tampoco lo hizo María Rosa Jimeno, esposa del ex asesor de Urbanismo.

Con tanto viaje, hubo escenas de vecinos de Marbella deseosos de su minuto de gloria y varios percances. Salvador Gardoqui, considerado testaferro y contable de Roca, casi sufre un atropello y sale rodando por las escaleras de los juzgados en su empeño por que los objetivos no filmaran su rostro. Montserrat Corrulla, una de las empleadas del ex asesor urbanístico que más expectación creó, afrontó la ocasión a cara descubierta.

La larga lista de promotores, procesados por pagar a cambio de resoluciones urbanísticas favorables, aprovecharon su anonimato para cruzar la puerta sin apenas llamar la atención. Sólo los más conocidos, como el cordobés Rafael Gómez, conocido como Sandokán, paró unos minutos para asegurar con la voz rota que por su detención y procesamiento en la trama de corrupción marbellí se había visto obligado a despedir a más de mil trabajadores y se encuentra en mitad de una crisis financiera.