Inmigración en Europa

Las políticas de inmigración en Europa siguen ofreciendo graves motivos de preocupación. Aunque finalmente no lo aprobó ayer, como había anunciado, el Gobierno italiano se propone conceder poderes especiales a los prefectos de Milán, Roma y Nápoles para afrontar la emergencia gitana, un inquietante eufemismo para referirse a la situación creada tras los incendios intencionados de varios campamentos. Si existe alguna emergencia es la de detener y llevar ante la justicia a quienes pusieron en riesgo la vida de centenares de personas, incluidos niños de corta edad, no la de perseguir a las víctimas de estos atentados. Si éstas incumplen normas de cualquier naturaleza, las autoridades están obligadas a adoptar las disposiciones ya previstas en la ley, pero no se debería acudir a medidas de excepción y, menos aún, a consentir que nadie se tome la justicia por su mano.

Los riesgos de que en Italia se estigmatice a los gitanos, el 37% de los cuales son nacionales italianos, no es sino el caso extremo de una lógica que está imponiéndose en toda la Unión Europea, y que corre el riesgo de convertir a los inmigrantes en el chivo expiatorio de una situación económica que se deteriora. La repentina urgencia por acordar una política de inmigración común llega después de largos años de bonanza, en los que los trabajadores extranjeros contribuyeron al crecimiento económico de Europa sin que los poderes públicos mostrasen demasiada preocupación por saber si estaban empleados legal o ilegalmente ni si se respetaban o no sus derechos como trabajadores. Por otra parte, no se les consideró como usuarios de pleno derecho a la hora de financiar los servicios públicos, lo que contribuyó a su progresivo deterioro y saturación. Ahora que las tornas económicas han cambiado, se pretende corregir estos errores e imprevisiones con normas especiales para los trabajadores extranjeros y no para garantizar la legalidad del empleo o para la mejora de los servicios. Se trata de un atajo del que el Estado de derecho y los derechos de las personas podrían salir malparados.

Desde el pasado mes de enero, el Gobierno español negocia con el francés las bases de una política europea de inmigración. Es la segunda vez que se descubre que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero da la impresión de querer esconder su giro en esta materia detrás de otros, ya se trate de la Comisión o de Nicolas Sarkozy. Si las políticas que ahora suscribe son las que dejan traslucir estas maniobras realizadas bajo la cobertura de un discurso público radicalmente distinto, debería decirlo con claridad. Entre otras cosas, para no hurtar el debate público mediante el recurso de presentar como hechos consumados decisiones en las que está participando y en las que, por tanto, le cabe una parte de responsabilidad.

El clima político y social que se está creando en torno a la inmigración exige que los ciudadanos sepan lo que está en juego, no que se les deje al margen.