TCSA asegura que la oferta de Veolia por Bilbobus no recoge el coste del servicio

"Nadie conoce mejor que nosotros los costes de Bilbobus, y, o mucho nos equivocamos, o Veolia tendrá que cerrar el servicio en cinco años". Habla un alto cargo de TCSA, la empresa que durante 20 años ha explotado el transporte urbano en Bilbao, la gran derrotada en la adjudicación del servicio para los ocho próximos ejercicios. Ibon Areso, delegado de Circulación y Transportes, confirmó ayer que la empresa francesa Veolia ha ganado el concurso "porque en las bases ha sacado más puntos". A expensas de que la Junta de Gobierno del consistorio dé luz verde a la adjudicación definitiva, Veolia se hará cargo de Bilbobus el 1 de agosto. Está obligada a subrogar los contratos y a respetar las condiciones laborales de los 400 trabajadores de la firma.

La presentada por la multinacional francesa era la más barata de las cuatro ofertas (las otras las presentaron TCSA, Sarbus y la UTE integrada por Pesa, Gertek y CAF) que optaron a un contrato de 8 años y 224 millones de euros. TCSA impugnará esta resolución si tras conocer en su totalidad la oferta francesa confirma sus sospechas. "Creemos que su oferta va por debajo de costes, lo que es dumping y motivo de descalificación en el concurso", indicaron ayer desde la empresa derrotada. "El coste de Bilbobus es de 34 millones de euros al año. Veolia hace sus cálculos a partir de 30 millones de euros, lo que además de inviable es un incumplimiento expreso de las bases", añadieron. TCSA recuerda que el servicio de Bilbobus goza de una altísima aceptación entre sus usuarios ("un 7 según el Ayuntamiento, Eroski y la OCU"), y apuesta por que esta nota bajará sustancialmente con la gestión de Veolia. También teme TCSA que la baja oferta de la francesa se traduzca en un notable incremento del importe del billete.

El alto cargo de TCSA asegura que Veolia ha perdido 8,5 millones de euros en tres años en la explotación de servicios similares en el norte de España. "Sin olvidar", añade, "que su más alto directivo, Joaquín Martínez-Villanova, está imputado en el caso Malaya por pagar a Roca [Juan Antonio, el asesor de Urbanismo de Marbella] por conservar el servicio de autobuses".