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El conflicto del agua

El trasvase a Barcelona tiene los días contados

Medio Ambiente decidirá "en un par de días" si sigue siendo necesario

El trasvase de agua del Ebro a Barcelona al que el Gobierno se empeñó, sin éxito, en llamar "conducción", puede tener los días contados. "Un par", concretamente. El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, anunció ayer que ése es el tiempo que tardará el Ministerio de Medio Ambiente en averiguar si sigue haciendo falta trasvasar agua del Ebro a Barcelona, con un coste de 180 millones de euros, después de las últimas y generosas lluvias.

Las lluvias han dejado en Cataluña más agua de la que se iba a trasvasar

Aragón llevará a los tribunales el decreto de sequía del Gobierno

El decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 18 de abril para "conducir" agua del Ebro a las cuencas internas de Cataluña se hizo, según explicó Alonso, en una situación de excepcionalidad y de urgencia, ya que los niveles de agua embalsada ponían en riesgo el abastecimiento de Barcelona para finales de año. Ahora, menos de dos meses después, la urgencia ha desaparecido y "si desaparece la causa, las previsiones de la norma carecerían de sentido", añadió el portavoz socialista.

Con el trasvase se pretendía llevar a la cuenca interna de Cataluña que abastece a Barcelona unos 36 hectómetros cúbicos en nueve meses. En sólo una semana, según datos de la Agencia Catalana del Agua, los pantanos han acumulado 67 hectómetros. Los pronósticos meteorológicos indican además, que seguirá lloviendo.

Cuando se aprobó el decreto de sequía, en abril, el nivel de las reservas de agua en Cataluña era el peor en 20 años, pero el nivel de "urgencia" actual se ha repetido en otras ocasiones sin que se pensara en trasvases. Ahora, las reservas hídricas catalanas acumulan 287 hectómetros cúbicos, según la Agencia Catalana del Agua, tan sólo 29 más que en la primera semana de junio de 2005 (316) y menos que en 1999 (281).

Y mientras, el Gobierno de Aragón (PSOE) anunció ayer que llevará ante los tribunales el real decreto aprobado por el Gobierno para sacar adelante el trasvase por entender que "subjetiviza" lo que es la sequía en un claro "abuso de poder".

El presidente de la comunidad, Marcelino Iglesias, lo explicaba ayer así: "Cataluña está hoy más cerca de una alerta por exceso de agua que por falta de ella y, por tanto, ya no existe emergencia, y el decreto es nulo". Y el vicepresidente, José Ángel Biel, añadió: "No se puede subjetivizar de esa manera qué es o no es sequía cuando los pantanos que abastecen Barcelona superan ya el 44% de su capacidad. El real decreto no está vigente ya, y si no lo paran ni el Gobierno central ni la Generalitat, lo parará un juez".

La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, señaló que el Gobierno aragonés es "soberano" para recurrir el minitrasvase si lo desea, pero que el Ejecutivo central no lo ve "justificado".

El Gobierno catalán aprobó el pasado 15 de mayo una modificación del decreto de sequía vigente para mantener las restricciones en el uso del agua potable. Según el decreto actual es la Generalitat la que tiene potestad de fijar la alerta hídrica. El Gobierno aragonés llevará a los tribunales el convenio con el Gobierno catalán y el artículo tercero del real decreto que autoriza la venta de derechos de agua. Biel explicó que "ya se ha puesto en marcha toda la maquinaria administrativa": "Vamos a actuar de la misma forma en que lo hicimos cuando planteamos los recursos contra la pretensión de trasvasar los 1.050 hectómetros cúbicos de agua hacia Valencia y Murcia".

El vicepresidente aragonés insistió en que además de los recursos que se presenten ante los tribunales se pedirán medidas cautelares para evitar que comiencen las obras de la tubería de 62 kilómetros que debe llevar agua desde Tarragona.

El Gobierno autónomo ya anunció que recurriría el decreto si no se anulaba cuando entendió que lo que preveía transportar en nueve meses estaba superado con la recuperación de los embalses -como así ha sido-.

El Gobierno aragonés entiende que los 287 hectómetros cúbicos de los que dispone ahora Barcelona justifican el fin de la emergencia, motivo que "deja sin cobertura legal" el real decreto ley que en su disposición adicional contemplaba como causa de suspensión de las medidas excepcionales la entrada en funcionamiento de la desaladora de El Prat, prevista para dentro de un año, o la finalización de la emergencia, como así ha sucedido.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de mayo de 2008