Los ayuntamientos reclamarán al Gobierno mayor poder fiscal

Los representantes de ayuntamientos, diputaciones y cabildos de toda España -agrupados en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)- aprobaron ayer por unanimidad dar inicio a la negociación "urgente" con el Gobierno central para lograr un nuevo sistema de financiación local que acabe con la asfixia económica que dicen sufrir. A esa mesa de negociación llevarán un paquete de propuestas en el que reclaman mayor poder fiscal: capacidad para subir ciertos impuestos propios y una participación en impuestos ajenos (autonómicos).

Los dos principales impuestos propios que quieren tocar son el de actividades económicas (IAE), que sólo pagan ya las grandes empresas; y el de plusvalía, que paga cualquier ciudadano por el beneficio obtenido al vender un terreno o un inmueble. La propuesta, planteada por el Ayuntamiento de Madrid, fue asumida por la comisión ejecutiva de la FEMP y será trasladada al Gobierno, según confirmó tras la reunión el presidente de la federación y alcalde de Getafe (Madrid), el socialista Pedro Castro. También hay acuerdo desde la pasada legislatura para reclamar la modificación del IBI, el principal impuesto municipal.

"La negociación para reformar la financiación local debe ir pareja y simultánea con la que el Estado va a iniciar con las comunidades autónomas. Tienen que ser vasos comunicantes", advirtió Castro en rueda de prensa, acompañado por los representantes del PSOE, PP, IU y CiU en la FEMP, para dejar claro que en la batalla municipal todos los partidos hacen frente común. Los ayuntamientos sostienen que están realizando multitud de tareas -escuelas infantiles, atención a mayores, acogida de inmigrantes, protección a maltratadas- que no les competen y para las que no tienen dinero, y cifran su déficit en 7.000 millones de euros.

Ese dinero debería venir sobre todo de las comunidades, admitió Castro, porque ellas tienen transferidas "la parte del león" de las competencias. Pero los alcaldes temen que si se ponen a negociar de forma bilateral con cada comunidad y no todos juntos con el Gobierno central, el proceso se eternice y vuelva a quedar empantanado, como lleva así desde hace 30 años.

"Pedimos al Gobierno que cree un instrumento para transferir ese dinero a los ayuntamientos", dijo el presidente de la FEMP. "El Estado debe ser el que garantice esto", apuntó Ramón Ropero, alcalde de Villafranca de los Barros (Badajoz) y portavoz del PSOE. El representante del PP y presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez, insistió: "Es el Gobierno el que debe garantizar la suficiencia financiera de los entes locales".

Para iniciar esa negociación, la FEMP creó ayer dos mesas de trabajo: una técnica y otra política. Las dos tendrán, según Pedro Castro, "interlocución con los dos ministerios", el de Economía y Hacienda y el de Administraciones Públicas. Y los regidores se han puesto un plazo: "Antes del último martes de junio, habrá reunión con el Gobierno", aseguró con cierto misterio el presidente de la FEMP.

Rosa Aguilar, alcaldesa de Córdoba, estará en la comisión política por IU. Ayer se mostraba optimista. "Tenemos el compromiso del presidente Zapatero, que nos dijo en la pasada legislatura que la reforma de la financiación local se haría a la par que la autonómica. Esperamos que sea así", afirmó.