Recursos y gastos

Esta semana se inician los contactos bilaterales del Ministerio de Economía con cada comunidad con vistas a la reforma consensuada del sistema de financiación autonómica. Los contactos previos de la semana pasada evidenciaron una significativa voluntad de acuerdo: primero entre los socialistas, lo que no podía darse por seguro, pero también entre las autonomías y entre éstas y el Estado, en asuntos hasta ahora polémicos.

Algunos, de procedimiento. Como el calendario, condicionado por el compromiso establecido en el Estatuto catalán de que el nuevo modelo esté concretado antes del 9 de agosto. Lo estará en sus líneas maestras aunque queden flecos. También hay sintonía sobre el ámbito del acuerdo, que combina, como ha sucedido siempre, las relaciones bilaterales de cada comunidad con el Gobierno, y las multilaterales entre todas ellas. O sobre el alcance de la reforma, que se prevé profundo, dados los resultados disfuncionales del modelo de 2001: desde entonces se han modificado algunos datos básicos, como el aumento de la población inmigrante, desigualmente repartido, sin que se produjeran las adaptaciones necesarias en el volumen de recursos disponibles.

Pero también se detecta mayor coincidencia de la prevista en asuntos sustantivos. Desde luego, en la necesidad de continuar con la política de cohesión territorial, actualizándola. Y todos reconocen que el esquema de nivelación solidaria debe favorecer una convergencia en la financiación total per cápita de las comunidades, acabando con una excesiva disparidad que acaba perjudicando la dotación mínima de los servicios sociales de comunidades como Cataluña, Madrid y Baleares, contribuyentes netas sometidas a fuertes cambios (estacionales o permanentes) de población asistida.

El Gobierno sintoniza, por otra parte, con la demanda generalizada de mayor autonomía fiscal, es decir, de un incremento de la capacidad recaudatoria (porcentajes de impuestos generales) de las comunidades. Esto tiene lógica, porque la fortísima descentralización del gasto (sobre todo tras la transferencia generalizada de las competencias en materia de sanidad y enseñanza) no ha sido correspondida con una descentralización equivalente de la recaudación tributaria. El resultado es que hoy las autonomías obtienen el 22% de los ingresos para financiar el 36% del gasto.

El acuerdo se ve favorecido por un cambio en el discurso con el que algunas comunidades plantean sus reivindicaciones. Cataluña, singularmente, no pone el acento tanto en la limitación de la solidaridad como en la necesidad de aumentar sus recursos para garantizar un nivel de servicios públicos de calidad no inferior al de otras comunidades. Esto tiene una relación directa con el incremento de la población y las características de la misma (dispersión territorial, peso de la población inmigrante, porcentaje de ancianos, marginalidad social, etcétera).

El hueso más duro de roer será la definición sobre lo que se consideran "servicios esenciales" que deben prestarse a todos los ciudadanos en condiciones similares. La nivelación "parcial" a la que ha apelado Cataluña figura en su Estatuto. Pero también en otros, como ha recordado el secretario de Estado de Hacienda, y por iniciativa expresa del Gobierno. El margen para el acuerdo -y el desacuerdo- sobre lo que deba contener esa definición es amplio, lo que configura este elemento como uno de los más susceptibles de polémica.

El problema político es que si bien el Estatuto catalán puede actuar como punta de lanza para el necesario aumento de recursos de las autonomías (dada la dinámica expansiva del gasto social que gestionan), la ponderación de los intereses en juego debe corresponder al Estado. La parte no puede condicionar el todo; desde un Estatuto no se debe fijar unilateralmente el alcance de la participación de una comunidad en los ingresos del Estado. Con el añadido de que la situación económica dificulta la resolución de ese problema con un aumento global del gasto.