Complicidad social con la corrupción en Almería

La memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de 2007, de 75 folios, destaca que las condenas por delitos ambientales y urbanísticos han pasado de 302 en 2006 (148 por urbanismo) a al menos 414 en 2007 (190 por urbanismo). El aumento en condenas es de un 37% en el segundo año del funcionamiento de la Fiscalía de Medio Ambiente.

El ritmo de aumento difícilmente se pueda mantener, ya que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dado al traste con proyectos inmobiliarios. Así, la fiscalía de Almería ha pasado de 118 diligencias penales en 2006 a 88 en 2007. La memoria de Almería señala entre las causas "el descenso de la producción del sector de la construcción experimentado a nivel nacional que lógicamente habrá repercutido en la edificación de viviendas ilegales".

Uno de los puntos más llamativos es la crítica de que en Almería existe una complicidad social con la corrupción urbanística, en especial con la construcción de viviendas ilegales. "La pasividad, cuando no complicidad, de autoridades y funcionarios de las diferentes Administraciones y de cuantas personas y entidades están llamadas a ejercer un control sobre esta materia, abonándose con ello el terreno para la corrupción públicos y privados. Entre los primeros llama la atención la actuación de cargos, representantes y funcionarios de ayuntamientos, ya imputados en algunos casos, y entre los segundos, profesionales (arquitectos, ingenieros...) gestores, compañías suministradoras de servicios, como el agua, la electricidad y otros que incumpliendo sus obligaciones han favorecido esa ilícita actividad, dando lugar a lo corrupción privada".

Todos imputados

Y prosigue: "En esta situación de pasividad se encontraría también la sociedad, que salvo excepciones de organizaciones ecologistas o algún particular que han denunciado actuaciones ilegales, ha permanecido indiferente". En Almería hay pueblos, como Zurgena, con todos los ediles imputados por permitir pisos ilegales.

Aunque el fiscal de Navarra señala irónicamente que la comunidad se ha salvado de la corrupción porque "no es zona marítima y no tiene costa", el informe revela que la corrupción urbanística se desplaza de la costa al interior. La fiscalía de Málaga insiste en "la expansión hacia el interior del modus operandi delictivo que sólo existía en la costa y que implicaba numerosas denuncias por prevaricación".