23.000 catalanes esperan las ayudas de la ley de dependencia

Dificultades para implantar el sistema. La consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, arrancó ayer su valoración del año de la Ley de la Autonomía Personal y la Dependencia en Cataluña reconociendo los problemas de desarrollo de esta normativa. Problemas en Cataluña, pero también en otras comunidades autónomas que han llevado a retrasos evidentes en el cobro de los servicios.

El 72% de los solicitantes prefieren quedarse en su domicilio

Más de 23.000 personas con gran dependencia no han recibido todavía las ayudas. La mayoría ha superado ya los seis meses de plazo que marca la ley desde que se presenta la solicitud de valoración de dependencia hasta que se ofrece una resolución. Sin embargo, Capdevila quiso aclarar que se ha recorrido mucho camino: lo que antes se hacía en un mes ahora se logra en una semana. "En Cataluña se ha creado un sistema informático porque el proporcionado por Madrid ha resultado inoperable", aseguró Capdevila. Pese a los retrasos, la Generalitat ha recibido en este primer año un total de 1.672 quejas y ocho demandas judiciales.

A lo largo de estos últimos 12 meses, la Generalitat ha recibido 72.738 solicitudes de valoración del grado de dependencia, de las que se han efectuado cerca de 46.700. En este tiempo se ha logrado que casi 13.000 personas ya dispongan de su programa individual de atención y hayan empezado a recibir las prestaciones.

El departamento que dirige Capdevila ya dispone de un perfil de las personas que solicitan las ayudas de esta ley. Ocho de cada 10 personas tienen más de 65 años y el 72% de los que ya disponen de su programa de atención prefieren quedarse en su domicilio, mientras que el 28% están ingresadas en un centro. Una persona que accede a los beneficios de esta ley cobra de media 516 euros al mes y, de momento, Acción Social ya ha pagado casi 50 millones de euros en concepto de prestaciones.

Capdevila explicó que Cataluña se convertirá en breve en la primera comunidad que regulará la figura del asistente personal. Habrá dos modalidades: la primera es la de acompañamiento al trabajo o a actividades educativas, que contará con una prestación de 568 euros. La segunda es la de apoyo personal y de integración laboral o educativa, con una percepción de hasta 1.308 euros. También se ha solucionado la situación de las personas que, tras solicitar las ayudas, recibían cantidades insignificantes por el hecho de descontar las ayudas que ya le aportaba la Seguridad Social. La Generalitat establece una prestación mínima que no será inferior al 25% del importe que le correspondería a la persona beneficiaria.

El director del programa para el impulso de las ayudas a la dependencia, Jordi Tudela, advirtió ayer de que no se trata de "una chequera", sino que la finalidad de la ley es dar servicios.