Solbes apuesta por una solidaridad más amplia que la que propone Cataluña

El Consejo de Política Fiscal y Financiera estaba convocado ayer para fijar los límites presupuestarios de las comunidades en 2009, pero acabó dando el pistoletazo de salida oficial a la negociación del nuevo sistema de financiación autonómico. En el turno de ruegos y preguntas, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, detalló qué pasos piensa dar el Gobierno para alcanzar un acuerdo. A la salida del Consejo respondió a las preguntas de los periodistas, centradas en la polémica propuesta catalana.

Y Solbes dejó claro que la asignación de dinero para garantizar la igualdad del sistema irá más allá de lo que plantea la Generalitat.

"El objetivo es que todos los ciudadanos tengan igual acceso a los servicios públicos fundamentales", estableció el vicepresidente. La discrepancia con la Generalitat está en la definición de cuáles son esos servicios fundamentales. La propuesta catalana, apoyada en su Estatuto, defiende que esa garantía se limite a salud, educación y asuntos sociales. "En esos servicios fundamentales se incluirán los que recogen algunos estatutos y otros que hay que definir", opuso Solbes, que citó "a modo de ejemplo", las competencias de justicia, un planteamiento ya hecho por otras comunidades, como Andalucía.

La Generalitat insiste en que la aplicación de esta garantía de igualdad en el modelo vigente es injusta. En el sistema actual, se definen las necesidades de gasto de cada comunidad, se compara con su generación de ingresos (a través de impuestos cedidos o compartidos) y la diferencia se cubre con un fondo estatal, que da más recursos a las comunidades con menor recaudación. Como resultado de este diseño, comunidades como Extremadura captan más recursos por habitante (2.500 euros) que otras más ricas como Cataluña (1920 euros).

Negociaciones abiertas

El Ejecutivo catalán calcula que con la limitación a salud, educación y asuntos sociales, se restringía la aplicación del fondo estatal a entre el 65% y el 75% de los gastos. Pero también ha indicado que era un límite negociable. Comunidades como Extremadura o Castilla y León rechazan cualquier de limitación, pero de las palabras de Solbes sólo se puede concluir que el Gobierno quiere que, como mínimo, sea más amplia de lo que plantea Cataluña.

En el Consejo, Solbes expuso cómo irá la negociación: primero habrá contactos bilaterales "de forma inmediata", el Gobierno formulará su propuesta, se debatirá en el Consejo para cerrar un acuerdo, que luego se plasmaría en las comisiones mixtas con cada comunidad. El vicepresidente añadió que su objetivo es cerrar la negociación antes del 9 de agosto, como exige el Estatuto catalán, pero no se comprometió a alcanzar un acuerdo en esa fecha.