Los abogados defensores pedirán que declaren los alcaldes de Coslada

El caso por la supuesta trama de corrupción y extorsiones de la Policía Local de Coslada (83.200 habitantes) puede dar un giro en las próximas semanas. Algunos abogados de los 26 agentes imputados ya han anunciado que pedirán que testifiquen todos los alcaldes y concejales de Seguridad que ha tenido el Ayuntamiento desde que entró en el cargo el presunto capo de la red y oficial jefe de la policía, Ginés Jiménez. Además, los letrados de los 13 detenidos que se encuentran en prisión han presentado recursos ante el titular del Juzgado de Instrucción número 21, Eduardo Cruz Torres, en los que piden la puesta en libertad de sus defendidos.

Algunos letrados quieren que comparezcan los ediles de Seguridad

Varios empresarios supuestamente extorsionados prestan declaración

Si el juez que instruye el caso da el visto bueno a la primera petición, tendrían que declarar los cuatro alcaldes que ha tenido Coslada desde 1986: José Huélamo (IU); Juan Manuel Granados (PSOE); Raúl López (PP) y el actual, Ángel Viveros (PSOE). Algunos abogados piden también la comparecencia de los concejales de Seguridad, en especial el actual edil de esta rama, Antonio Murillo, de la Plataforma Independiente de Coslada.

Estas solicitudes llegan después de que el pasado viernes el Consistorio aprobara la creación de una comisión de investigación para esclarecer la supuesta trama de corrupción. Una de las condiciones impuestas es que la comisión sólo comenzará cuanto termine la investigación judicial del caso.

"Queremos que declare mucha gente, porque tenemos que llegar al fondo. Seguro que hay responsabilidades políticas", explicó ayer uno de los abogados de los detenidos, que pidió silenciar su identidad. "Si ha habido alcaldes de todos los colores políticos en estos 22 años y nadie ha tomado cartas en el asunto, algo raro está pasando. No es posible que un jefe de Policía Local tenga tanto poder como para que nadie le destituyera", añadió otro letrado.

Según un tercer letrado, Alberto Fernández-Palacios, el propio Ayuntamiento de Coslada señala en su página de Internet que los concejales de Seguridad tienen entre sus funciones la potestad sancionadora si los agentes no cumplen sus funciones. "No nos sirve, por tanto, que se escuden en que no han podido hacer nada", destacó el abogado, que defiende a Carlos M. G., el supuesto número dos de la trama. Acusado de nueve delitos, es el detenido al que se le imputan más cargos.

La decena de letrados que defienden a los 13 detenidos que están en la prisión de Alcalá-Meco presentó el pasado domingo los recursos de reforma en el juzgado de guardia, en los que solicitaron la puesta en libertad de sus clientes.

Varios abogados argumentaron que algunos delitos que les imputan a los guardias podrían ser considerados como simples faltas administrativas, como romper la multa de un conocido. "Si baja el número de delitos que se le imputan a una persona, también baja la gravedad de los mismos, y pueden ser puestos en libertad, ya que no se cumplen todos los requisitos que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal", detalló el letrado de uno de los detenidos.

Esta norma recoge que un imputado deberá ingresar en prisión preventiva si existe riesgo de fuga, puede destruir pruebas fundamentales para el caso o dañar los bienes jurídicos de las víctimas. "La prisión siempre es la medida más restrictiva y debe ser excepcional", agregó el letrado.

Un problema con el que se están topando los abogados defensores es que desconocen el contenido exacto de las diligencias, ya que el juez Eduardo Cruz decretó el secreto del sumario el pasado 28 de abril. "Al no saber lo que hay en las actuaciones, no podemos plantear pruebas periciales ni testificales porque vamos a ciegas", señaló gráficamente otro letrado.

La policía empezó ayer a tomar declaración a los empresarios que supuestamente fueron extorsionados. Además, el próximo viernes está previsto que haya una rueda de reconocimiento en el Juzgado número 21 de la plaza de Castilla. Están citadas seis prostitutas que ejercían en un polígono de Vicálvaro y que ahora son testigos protegidos en el caso Coslada. Entre los que acudirán estarán tres detenidos de origen rumano como supuestos responsables de una red de prostitución. También irán tres policías locales: el supuesto número dos, Carlos M. G.; Adrián J., otro lugarteniente de la red, y el policía José Antonio C.