La Comunidad abre expediente a Coslada por un mal uso de los fondos públicos en la Policía

La Comunidad de Madrid ha convocado para mañana, de forma extraodinaria, la comisión de seguimiento del convenio entre el Ayuntamiento de Coslada y las Brigadas Especiales de Seguridad (Bescam) para "abrir de manera inmediata un expediente al consistorio por una supuesta mala utilización de fondos públicos del Gobierno regional". En 2008, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha destinado a Coslada 7,7 millones de euros para financiar las Bescam que, en opinión del Ejecutivo regional, no han sido destinados a lo que deberían, es decir, a "velar por la seguridad de los ciudadanos de la localidad".

"Parece que a lo que se han destinado algunos de los uniformes, vehículos y sueldos ha sido para poner en grave riesgo la seguridad de los ciudadanos, lo contrario de lo que debería haber sido", ha subrayado el vicepresidente y consejero de Interior, Francisco Granados, en la comisaría de Policía Nacional de Carabanchel. Granados ha precisado que el expediente administrativo tendrá su instrucción correspondiente y determinará las sanciones oportunas por el supuesto uso fraudulento de agentes de las Bescam, pagados

con dinero de la Comunidad exclusivamente para realizar labores de seguridad ciudadana.

"Un sistema de control interno"

Granados ha añadido que el Ejecutivo autonómico se personará como acusación particular en el juicio. "Ya he delegado en los representantes legales para que se personen en nombre de la Comunidad de Madrid", ha dicho. Preguntado por si el anterior alcalde de Coslada, Raúl López (PP), podría estar relacionado de alguna manera con la supuesta trama de corrupción policial, Granados ha dicho que "las actuaciones

de la Policía se refieren a hechos ocurridos ahora". Sin embargo, el consejero de Interior ha asegurado que, si de la comisión de investigación sobre la trama de corrupción policial aprobada en Ayuntamiento de Coslada se derivasen responsabilidades políticas por parte de políticos del PP, "evidentemente, habría que asumirlas".

A pesar de abrir expediente al Ayuntamiento, Granados ha defendido que el hecho de que haya algunos policías implicados en la operación Bloque "no es de recibo para criminalizar y descalificar a todo el colectivo de agentes locales y a toda la policía en general como añadidura". "Si la justicia demuestra que ha habido individuos que han practicado una conducta punible, que sean castigados. Pero no debemos permitir que se ponga en tela de juicio a todo el Cuerpo policial", ha añadido.

Respecto a las declaraciones de concejales socialistas en las que pedían a la Comunidad la apertura de un debate sobre la Ley de Coordinación de Policías Locales y la formación de los agentes locales en la Academia de la Policía de la Comunidad, Granados ha señalado que el Gobierno regional estudia implantar "un sistema de control interno" dentro de este cuerpo. Este sistema de control interno se está estudiando y será presentado "cuanto esté perfilado y perfectamente estudiado". Lo que no prevé es realizar ningún cambio en la formación que reciben los policías que trabajan en Madrid, "excepto seguir profundizando en la formación ética". Aunque "en ningún caso, el que exista un delincuente tiene que ver con su formación".