La mayoría de la UE se opone a cambiar la política agraria

La espiral de precios alimenticios se ha convertido en la principal e inesperada aliado de los defensores de la actual Política Agraria Común (PAC), que se resisten a cualquier cambio. Con esta coyuntura, la iniciativa de "modernizar" la PAC que presentará hoy la comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel, será mucho menos ambiciosa que las propuestas barajadas hace un año.

En el Consejo de Agricultura celebrado ayer en Bruselas, la mayor parte de los ministros rechazaron las acusaciones de Reino Unido, que acusaba a la PAC de contribuir a elevar los precios de los productos agrícolas y favorecer la crisis alimentaria que se ha producido en algunos países.

Durante el último año, el trigo y el maíz se han encarecido un 80% y 30%, respectivamente.

Entre las propuestas que podría presentar hoy la comisaria figura la supresión definitiva del barbecho obligatorio (tierras sin cultivo, dejadas en descanso) que se introdujo en 1988 para luchar contra la superproducción. Esto podría suponer la entrada en producción de unos cinco millones de hectáreas.

El Reino Unido estima que los aranceles aduaneros y las subvenciones agrícolas castigan las producciones de los países en desarrollo y contribuyen a mantener los precios artificialmente elevados. La PAC absorbe el 40% del presupuesto comunitario.

Fischer Boel tiene previsto en su "chequeo médico" de la PAC profundizar también en la llamada "desacoplación" de las subvenciones con la producción. El objetivo es desvincular al máximo las ayudas de determinados cultivos, para que la producción se oriente más según las demandas del mercado. Actualmente, la subvención más importante es el pago único, que equivale al 75% de lo que los agricultores recibieron de media entre 2000 y 2003. En 2006, los 900.000 beneficiarios españoles recibieron unos 2.252 millones, aunque el 1% de los agricultores se llevó el 22% del total.

La ministra de Agricultura, Elena Espinosa, expresó ayer sus cautelas sobre la desacoplación, al señalar que "las desregulaciones no siempre resultan a la vista de los problemas que están apareciendo en los mercados".

El liberalismo de Reino Unido es también muy particular. Londres y Berlín han logrado que Bruselas renuncie a un recorte importante de las subvenciones agrícolas. Bruselas había barajado reducir en un 45% las ayudas superiores a 300.000 euros; en un 25% las comprendidas entre 200.000 y 300.000 y en un 10% las superiores a 100.000 euros. La propuesta que baraja la Comisión Europea supondrá recortar de manera indirecta las ayudas pero en cuantías muy moderadas.

La Comisión considera necesario que los fondos obtenidos con la modulación de las subvenciones se destinen a responder a los nuevos retos de la agricultura como el cambio climático, la gestión del agua, la conservación de la biodiversidad y la gestión de crisis.