Los agricultores rechazan las propuestas de la Comisión

Las organizaciones agrarias Asaja, Upa y Coag, y la Confederación de Cooperativas Agrarias han reiterado su rechazo a la propuesta comunitaria para la revisión o "chequeo médico" de la Política Agrícola Común. El sector agrario considera inaceptable que en este momento el principal objetivo de Bruselas sea el ahorro y recorte en los pagos directos a los profesionales. No se entiende que Bruselas siga en su ofensiva para desmantelar la PAC sin tener en cuenta los problemas de precios, abastecimiento de materias primas y falta de stocks que están sufriendo en los últimos meses los consumidores de los países miembros.

Para el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, al igual que todo país tiene unos stocks estratégicos en productos energéticos, la UE debería llevar a cabo la misma estrategia en los productos alimentarios y no dejarlo todo a los interrogantes de las importaciones. En contra de la propuesta comunitaria, la COAG inició ayer una campaña estatal de movilizaciones.

El sector agrario rechaza, en primer lugar, que el recorte de las ayudas directas pase del 5% al 15% para ayudas superiores a los 5.000 euros en cuatro años y una modulación superior a partir de los 100.000 euros, para dedicar esos fondos al desarrollo rural. El sector entiende que ello es quitar dinero a los profesionales del campo en beneficio de otras actividades. En contra de esta medida está también la Administración española desde donde se reclama que los mayores recursos parara desarrollo rural no procedan de las ayudas directas.

Nuevos mecanismos

En segundo término, el sector reclama nuevos mecanismos para la regulación de los mercados y la capacidad de la Comisión para disponer de unos stocks estratégicos razonables en defensa de los consumidores. Lejos de ello, Bruselas plantea la eliminación de otras regulaciones de mercados. La Administración agraria española también reclama a la UE mecanismos para evitar que se repita el déficit de existencias de los últimos meses.

Finalmente, el sector teme que el desacoplamiento generalizado (pagos de las ayudas sin necesidad de producir) sea un paso más para cultivar menos y peor y que acelere el abandono de explotaciones ganaderas por falta de rentabilidad.