Pacto no escrito

El atentado contra la casa cuartel de Legutiano, en el que perdió la vida el guardia civil Juan Manuel Piñuel, ha demostrado que no es necesario un pacto escrito para que los partidos respondan desde la unidad. A diferencia del pasado, cuando aún se creía que el acuerdo sólo era posible si estaba plasmado en un papel, esta vez no ha habido cruce de reproches ni matices escolásticos sobre la manera de acabar con el terrorismo. Los portavoces políticos han suscrito un comunicado de condena en el que lo importante no es el mensaje expreso, unas frases repetidas por desgracia desde hace muchos años, sino el mensaje implícito: los crímenes terroristas son sencillamente eso, crímenes, que las instituciones y los partidos, como representantes de los ciudadanos, se niegan a interpretar en términos políticos.

Ibarretxe parece creer que ETA se plegaría al resultado de las urnas en una democracia vasca

Desde luego, no hay que esperar del consenso lo que el consenso no puede ofrecer. Los terroristas no dejarán de matar porque los partidos permanezcan unidos. Pero que los partidos permanezcan unidos es la condición imprescindible para que los terroristas fracasen en el intento de imponer a los demás el sentido que ellos pretenden dar a sus crímenes. Dicho en otros términos, los terroristas no sólo quieren matar, sino dictar a través del asesinato la reacción que todos, instituciones, partidos y ciudadanos, tienen que adoptar para librarse momentáneamente de la amenaza. Ése es el repugnante método por el que quieren imponer su voluntad, que no es tanto la independencia del País Vasco como la independencia para que el País Vasco quede bajo su férula. Lo que su ensoñación criminal imagina hoy como una lucha contra los extranjeros se convertiría después en una lucha contra los disidentes, entre los que los terroristas también contabilizan al lehendakari y su partido.

Esto es lo que Ibarretxe no parece comprender, aunque sí los ciudadanos que le han retirado el voto en las tres últimas elecciones. El cálculo en el que de manera consciente o inconsciente se basa su plan es que se puede alcanzar la independencia del País Vasco e impedir, al mismo tiempo, que el País Vasco quede bajo la férula de los terroristas. Es decir, Ibarretxe parece creer que los terroristas son demócratas que rechazan la democracia española, pero que estarían dispuestos a plegarse al resultado de las urnas bajo una democracia vasca, súbitamente transformados en ciudadanos ejemplares. En el mejor de los casos, se trata de una ingenuidad y, en el peor, de una locura. Si algo han demostrado los terroristas es que sus fines proclamados son simples excusas para seguir ocultando su voluntad de poder, su adhesión a un proyecto totalitario. De ahí que se hayan negado a ver la diferencia entre la dictadura de Franco y el régimen democrático establecido por la Constitución y el Estatuto. Y de ahí que, llegado el caso, se negaran a distinguir entre la democracia española y la democracia vasca.

La crisis que atraviesa el Partido Popular ha permitido apreciar, por su parte, las claves de la estrategia antiterrorista que ha seguido hasta ahora. Algunos dirigentes descontentos con la manera en la que la actual dirección de los populares ha gestionado la derrota electoral han hablado de "abandono de los principios" y han aludido, en concreto, al concepto de nación. La traducción política de la posición que se desprende de esta crítica es que a los terroristas no se les debe combatir sólo desde la democracia, sino desde la democracia española. Quienes han defendido esta estrategia tal vez no hayan sido conscientes de lo que se gana y lo que se pierde al plantear de este modo la lucha contra los terroristas. En realidad, ganar se gana poco al oponerse a los crímenes desde una reivindicación de la democracia española y no, simplemente, desde la democracia. Pero perder se pierde mucho, porque, en el fondo, se concede a los terroristas la posibilidad de disfrazarse de demócratas, sólo que vascos, y a Ibarretxe, la oportunidad de confiar en esa quimérica distinción sobre la que, en último extremo, se apoya su plan.

El Gobierno, por último, se enfrenta a la difícil tarea de gestionar este pacto antiterrorista no escrito. Por descontado, se trata de fomentar la confianza. Pero no una confianza en abstracto, sino basada en la previsibilidad de sus iniciativas políticas, tanto para exigir al lehendakari que se ajuste al marco constitucional, abandonando la ingeniería jurídica en la que suele envolver sus proyectos, como para transmitir al resto de los partidos que los experimentos del pasado son, en efecto, experimentos del pasado. El calendario electoral de los próximos meses, en particular las elecciones vascas, hace prever un punto crítico, que es la decisión del Gobierno acerca de las candidaturas que pueda presentar el Partido Comunista de las Tierras Vascas o cualquier otra franquicia de ese mundo. También en este punto los experimentos del pasado deberían quedar como experimentos del pasado.