El Consell pide respeto al teatro de Sagunto tras 17 años de ataques
La Generalitat considera que la sentencia del Supremo no se puede ejecutar
Nueve horas de reuniones, repartidas en cuatro sesiones, han bastado a la Generalitat valenciana para pronunciarse, por primera vez desde que gobierna el Partido Popular, a favor de las obras de rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto, impulsadas por los socialistas y atacadas, hasta llegar a los tribunales, por los populares. Sin embargo, la titular de la Consejería de Cultura, Trini Miró, negó ayer que su partido haya cambiado de opinión al respecto.
17 años ha tardado la Generalitat gobernada por el Partido Popular en levantar la bandera blanca en la batalla sobre la rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto. La rendición llegó ayer por medio de la comisión de expertos, creada por la Consejería de Cultura para salir del atolladero judicial en el que se había metido después de que el Supremo ratificara la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que obligaba a revertir el proyecto diseñado por Grassi y Portaceli.
La comisión concluyó ayer sus reuniones con un dictamen en el que solicita al órgano judicial "la inejecución de sentencia utilizando los mecanismos legales existentes". El dictamen, tras reconocer que el fallo judicial contiene "puntos problemáticos" que dificultarían la reversión de las obras de rehabilitación, se detiene en aspectos técnicos para concluir que la demolición acarrearía "necesariamente" el derribo de elementos "esenciales en la tipología del teatro" e "impediría el uso social y cultural del teatro". El dictamen considera que la rehabilitación del espacio cultural "fue declarada ilegal" en el momento en que se realizó, en virtud de la legislación entonces vigente, pero una ley autonómica posterior la dotaba de legitimidad al permitir "bajo ciertas condiciones y garantías, las reconstrucciones". O, lo que es lo mismo, que, aunque se revirtieran las obras, el Teatro Romano podría someterse a otra rehabilitación amparada por las leyes actuales.
La resolución de la comisión formada por la Consejería de Cultura es la primera declaración oficial del Gobierno que preside Francisco Camps en favor de la rehabilitación del coliseo saguntino. Tras 17 años en los que el PP, primero en la oposición y después en el poder, se ha mantenido inflexible contra una salida negociada al conflicto, la confirmación por parte del Tribunal Supremo de que las obras debían revertirse colocó a los populares en una situación incómoda. Después de que el Consell Valencià de Cultura se postulase en favor de dejar el Teatro Romano como está, la comisión de expertos se ha erigido en el instrumento para salir del entuerto. En los próximos días, la Generalitat presentará un escrito ante el TSJ valenciano en el que le avanzará su petición de "inejecución de la sentencia", según indicó la secretaria autonómica de Política Institucional, Isabel Villalonga."Seguimos pensando que las obras nunca se tenían que haber hecho", declaró la consejera, quien apoyó su razonamiento en que las obras "eran ilegales" en su momento.
Este es uno de los principales argumentos que desarrolla el dictamen: el cambio de legislación. En 1992, cuando se realizaron las obras, la norma legal que regía era la Ley de Patrimonio Histórico Español, promulgada en 1985, que "prohibía las reconstrucciones", según indica el dictamen. 13 años más tarde, las Cortes Valencianas aprobaron la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, que "permite, bajo ciertas condiciones y garantías, las reconstrucciones". Esa "paradoja", como la define el texto, de que un proyecto ilegal podría ser legalizable con el cambio de legislación permite aplicar la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, que prevé la solicitud de la "inejecución por imposibilidad legal".
Dicha "imposibilidad legal" la apoya el dictamen en dos cuestiones técnicas, como explicó ayer Paz Olmos, directora general de Patrimonio, gracias a un programa informático pródigo en ilustraciones reales y virtuales. La primera es que la demolición del muro que se encuentra detrás del escenario -construido sobre el original, del siglo I- supondría el desmontaje del tornavoz, cubierta en la que se apoya, y no resolvería el problema, pues detrás de ese muro hay otro, construido en el siglo III, que haría imposible que el espacio quedara diáfano, tal y como ordena la sentencia. La segunda se refiere a las placas de mármol que cubren las gradas del teatro y que, en caso de levantarse, dejarían al descubierto "un conjunto de rocas y elementos constructivos resultado de más de 40 restauraciones a lo largo del siglo XX". En tal caso, el estado de las piedras obligaría a "una nueva reconstrucción", algo que afectaría al "uso social y cultural" del coliseo saguntino.
El dictamen insiste en los problemas que suscitaría la demolición del Teatro Romano, tanto desde el punto de vista económico como cultural y social. Ese fue el escudo que utilizó la consejera para justificar la creación de la comisión cuando señaló que "dadas las circunstancias" y viendo que la reversión "podría perjudicar enormemente al mundo cultural" de la ciudad de Sagunto, era imprescindible "dar una salida a este tema". Formada por 11 miembros, entre expertos en arquitectura y arqueología y representantes de la Administración autonómica, la comisión inició sus reuniones el pasado 15 de abril.
Ahora la pelota vuelve al tejado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el órgano que dictó la polémica sentencia. El Gobierno autonómico anunció que, en los próximos días, su departamento jurídico remitirá un escrito al tribunal en el que, además de adjuntarle el dictamen, le avanzará la presentación posterior de "un incidente de inejecución de sentencia, que requiere a su vez un expediente administrativo para legalizar las obras realizadas en el teatro", en palabras de Isabel Villalonga, secretaria autonómica de Política Institucional. Villalonga subrayó que es el TSJ el que tiene "la última palabra".
Sin embargo, la confianza en que la sentencia no se ejecute por parte del Consell es total: la Consejería de Cultura reafirmó que mantiene las actividades culturales programadas en el Teatro Romano y la titular del departamento llegó a afirmar ayer que el coliseo saguntino "nunca va a volver a su estado anterior".
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