La Audiencia revoca el procesamiento de los militares que mataron a Couso
Uno de los magistrados discrepa por "existir suficientes indicios de criminalidad"
La investigación del caso Couso -la muerte del cámara de Tele 5 José Couso por el disparo de un tanque norteamericano cuando cubría la toma de Bagdad en 2003- constituye una auténtica peripecia jurídica. Sólo así se entiende que varios jueces hayan instruido el caso, que se decretara la búsqueda y captura internacional de los presuntos autores del crimen -tres militares norteamericanos-, que se revocase esa decisión, que la Audiencia Nacional archivase el caso, que el Supremo ordenase su reapertura, que un juez de la Audiencia procesase a los tres militares mencionados y que otro tribunal, por dos votos a uno, levantase el procesamiento.
Dos de los jueces tachan al instructor de "vileza y bajeza moral"
El magistrado discrepante acusa a sus colegas de usar "criterios insólitos"
La última decisión, por el momento, deja sin efecto el procesamiento y las medidas cautelares adoptadas contra el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson, responsables de la muerte del cámara José Couso.
El juez Santiago Pedraz había considerado en abril de 2007 que los tres militares dispararon contra el Hotel Palestina en un acto para amedrentar a los periodistas que cubrían la guerra, ya que el mismo día se produjeron ataques norteamericanos contra las cadenas de televisión Al Yazira y Abu Dhabi. El juez infería que los militares norteamericanos sabían que en el Hotel Palestina sólo se alojaban periodistas y que el disparo fue premeditado porque desde que el sargento Gibson informó de la situación hasta que disparó con la autorización de sus superiores transcurrieron 10 minutos.
Los magistrados Ángel Luis Hurtado y Fermín Echarri, siguiendo la errática postura del fiscal en este caso, han asegurado que no es descartable que el "disparo efectuado desde el carro de combate se realizara en la creencia de que se dirigía contra un elemento hostil, erróneamente identificado". Los dos magistrados no aprecian intencionalidad en la muerte de los civiles (como consecuencia del disparo además de Couso falleció el reportero de la agencia Reuters Taras Protsyuk) y consideran posible la hipótesis de que los norteamericanos creyeran que había un francotirador y, por tanto, "los resultados de muerte se encontrarían exculpados por un eventual error".
Los citados magistrados llegan a decir que el planteamiento de Pedraz al decir que se trataba de amedrentar a unos periodistas "es de una vileza y bajeza moral, que resulta difícil de asumir, sin más". Uno de los letrados de la acusación tras leer este párrafo llegó a comentar: "Estos jueces nunca oyeron hablar de Abu Graib". Otro dijo: "Es la larga mano del imperio".
La interpretación del tribunal, en todo caso, resulta magnánima con los imputados, que nunca comparecieron a declarar en la causa y cuyo Gobierno únicamente ha presentado un informe dando los hechos por sentados basándose únicamente en la mera palabra de los tres acusados. Informe del que el tribunal señala que "no tiene por qué dudar".
El tercer integrante del tribunal, José Ricardo de Prada, hizo un voto particular discrepante en el que señala que "existen suficientes indicios racionales de criminalidad para procesar a los tres militares". Pero es que, además, este magistrado señala que de seguir los "criterios y razonamientos insólitos" de sus compañeros habría que levantar todos los procesamientos que se siguen en la Audiencia Nacional. En este caso, señala, "cabe apreciar un ataque intencional, indiscriminado y desproporcionado contra objetivos civiles".
Historia de un ataque impune
-8 de abril de 2003. El cámara de Tele 5 José Couso es alcanzado por el disparo de un tanque norteamericano cuando se encontraba en el piso 15 del Hotel Palestina, de Bagdad.
- 27 de mayo de 2003. La madre y tres hermanos de Couso, por un lado, y la viuda e hijos, por otro, se querellan contra los autores de los disparos. El juez Ruiz Polanco inicia las primeras investigaciones.
-21 de abril de 2004.El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz solicita el auxilio judicial internacional al fiscal general de Estados Unidos para recabar documentación sobre los hechos investigados.
-6 de junio de 2005.El juez pide a Estados Unidos poder tomar declaración en calidad de imputados a los tres militares implicados. Ninguna de las peticiones tiene respuesta.
-19 de octubre de 2005.Santiago Pedraz ordena la detención internacional a efectos de extradición de los tres militares estadounidenses responsables de la muerte de José Couso. Los imputados son el sargento Thomas Gibson, que realizó el disparo desde el tanque; el capitán Philip Wolford, que tenía el mando de la unidad de blindados, y el teniente coronel Philip de Camp, que mandaba el Regimiento de Blindados nº 64.
-20 de octubre de 2005. El fiscal Pedro Rubira recurre la decisión de detener a los militares americanos.
-14 de febrero de 2006. El Departamento de Justicia de Estados Unidos comunica al Ministerio de Justicia que rechaza ejecutar el auxilio judicial solicitado por Santiago Pedraz en la investigación del caso Couso.
-10 de marzo de 2006.La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional archiva el caso por entender que no se trata de un asesinato, sino de un "acto de guerra contra un enemigo aparente erróneamente identificado". El tribunal considera que no tiene jurisdicción para investigar los hechos y revoca las órdenes de detención de los tres militares norteamericanos.
-25 de abril de 2006. La familia de Couso recurre el archivo del caso al Tribunal Supremo.
-14 de diciembre de 2006. El Supremo da la razón a la familia y ordena a la Audiencia que reabra el caso.
-27 de abril de 2007. El juez Pedraz procesa a los tres militares por delito contra la comunidad internacional (castigado con penas de 10 a 15 años) y asesinato (de 15 a 20 años)
-13 de mayo de 2008. La Audiencia revoca el procesamiento de los militares norteamericanos.
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