Endesa calcula que la ley eléctrica le cuesta 3.500 millones
Cambiar la red de media tensión supone abrir el 75% de las calles de Barcelona
Tras el apagón de Barcelona del pasado 23 de julio, que afectó a 350.000 abonados, el Gobierno catalán aceleró la redacción del proyecto de ley de garantía y calidad del suministro eléctrico. Pero ayer, en comisión parlamentaria, los ingenieros y el sector criticaron el texto por considerarlo inviable en tiempo y coste. El presidente del consejo asesor de Fecsa-Endesa, Antón Costas, afirmó que la ley supondrá a la compañía una inversión de 3.500 millones de euros.
Empresas y expertos consideran que los abonados pagarán el coste de aplicar la ley
La nueva ley, en trámite parlamentario, obliga a que todo abonado esté conectado a dos subestaciones, por si uno de los mercados eléctricos falla. Además exige que en un plazo de dos años todos los municipios de más de 2.000 habitantes formen parte de una "red mallada", es decir, que no estén sólo alimentados por un extremo, sino que tengan una doble fuente de alimentación. El texto también obliga a que toda la red de media tensión sea de 25 kilovatios. Según Endesa, el 60% del tendido barcelonés es de 11 kilovatios.
El presidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales, Jordi Gibert, aseguró que el calendario previsto para cambiar la red "no es viable" y apostó por las redes de 11 y 25 kilovatios porque "técnicamente no tiene sentido" unificarlas. El vicedecano del colegio, Josep Maria Rovira, remachó que para cumplir la ley se tendrían que duplicar infraestructuras, sobre todo subestaciones y redes de distribución. "Supondría abrir el 75% de las calles de Barcelona. Hacerlo en dos años es imposible", aseguró.
Los representantes colegiales y empresariales que fueron al Parlament mostraron su preocupación por quién pagará los 3.500 millones que, según Fecsa-Endesa, costará aplicar la ley, aunque el PSC consideró la cifra "valoración de parte". Pese a que los grupos que apoyan al Ejecutivo (el PSC, ERC e ICV) afirmaron que vigilarán para que no lo asuma el ciudadano, quienes pasaron por la mesa dudaron de ello.
Pascual Sala, abogado de la patronal del sector energético, Unesa, fue claro: si hay sobrecoste, tiene que asumirlo la comunidad. "Por eso pedimos suplementos autonómicos [en la tarifa]", afirmó. Los ingenieros también afirmaron que se repercutirá el coste en las tarifas. Y lo mismo opinó el representante de la Cámara de Comercio.
La Comisión Nacional de la Energía repartió la culpabilidad del apagón del verano pasado entre Endesa, como distribuidora, y Red Eléctrica de España (REE), como gestora de la red de transporte. Sin embargo, Costas lamentó que el proyecto de ley "olvide" la red de alta tensión de REE. El presidente del consejo asesor de la eléctrica en Cataluña rechazó que el Gobierno catalán deba guardar en un cajón el proyecto como le sugirió el diputado de CiU Antoni Fernández Teixidó. No obstante, formuló una contrapropuesta: alimentar al 90% de los clientes de zona urbana por dos subestaciones y cambiar las redes de 11 kilovatios por las de 25 cuando termine la vida útil de las primeras.
El Departamento de Economía y Finanzas no se pronunció sobre las cifras de Fecsa, aunque sigue dispuesto a negociar. De hecho, el proyecto ya prevé que las eléctricas restablezcan el servicio a un mínimo del 90% de los abonados afectados por un corte en un máximo de dos horas.
1,2 millones de toneladas de CO2
El presidente del consejo asesor de Fecsa-Endesa en Cataluña, Antón Costas, no sólo se refirió ayer a la inversión que supondrá aplicar el actual articulado del proyecto de ley de garantía y calidad del suministro eléctrico. También puso encima de la mesa el coste ecológico. Costas aseguró que los técnicos de la empresa estiman que se generarán 1,2 millones de toneladas de dióxido de carbono. "El impacto medioambiental es poderoso, y está calculado a raíz de elementos como la producción de cemento, hierro y los movimientos de tierras", aseguró.
Costas no eludió el sobrecoste económico que, en su opinión, supondrá asumir la creación y mejora de infraestructuras. "Tiene que estar contemplado y reconocido, porque la legislación estatal sólo retribuye los índices de calidad que fija", dijo. El abogado de la patronal Unespa, Pascual Sala, centró su intervención sobre todo en quién asumiría el "sobrecoste". Sala recordó que la Comisión Nacional de la Energía ya dictó un informe desfavorable sobre la normativa de la Comunidad de Madrid, mucho menos exigente que la catalana, por no prever el sobrecoste.
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