El Tribunal de Cuentas encuentra irregularidades en los chirimbolos

Suele tardar años. Pero esta vez trabaja a la velocidad de la luz. En apenas un mes, el Tribunal de Cuentas, la máxima institución de vigilancia de la contratación pública, ha encontrado indicios de irregularidades en el contrato de concesión de los chirimbolos, otorgado por el Ayuntamiento de Madrid, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón (PP). Por eso, el tribunal ha iniciado el proceso y solicitado a su órgano de gobierno que nombre un instructor para que investigue los hechos. Esta decisión responde a la denuncia que presentó el pasado 15 de febrero el grupo municipal socialista.

"Es muy grave que falte tanto dinero", afirma David Lucas, portavoz socialista

En un auto fechado el pasado 24 de abril, el Tribunal de Cuentas y el ministerio fiscal afirman que "de los antecedentes incorporados a las presentes actuaciones se desprende que los hechos que han dado lugar a las mismas pudieran ser constitutivos de un supuesto de responsabilidad contable por alcance".

Este término jurídico, "responsabilidad contable por alcance", indica que podría faltar dinero. En concreto, los 73 millones de euros que habría perdido el Ayuntamiento al elegir la empresa adjudicataria. El contrato para explotar la publicidad se concedió el 20 de diciembre de 2006 a Clear Channel-Cemusa, por 160 millones de euros, frente a los 233 millones de su principal competidora, la firma Viacom Outdoor. La diferencia entre ambas ofertas es la cifra que faltaría, los 73 millones.

La responsabilidad contable por alcance está prevista en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas: "El que por acción u omisión contraria a la ley originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados".

Si se demuestra que hubo un alcance contable, los firmantes del documento de adjudicación del contrato serían los responsables de devolver el dinero. Es decir, los técnicos de la entonces Consejería de Medio Ambiente y Obras Públicas, que dirigía Paz González y que tras las elecciones se ha dividido en dos. Entre ellos, el ex jefe de Mobiliario Urbano Juan José Fernández-Villa Medina, cuyo hijo trabajó en la empresa adjudicataria. Además, el Tribunal puede condenar o absolver al Ayuntamiento y declarar nulo el contrato si considera que se ha vulnerado la ley.

"Queremos que se conozca la verdad y que se llegue al final. Este proceso que iniciamos y que ahora apoya el ministerio fiscal tendrá que demostrar las responsabilidades contables de los que permitieron esa adjudicación. Consideramos que se incumplieron principios básicos que garantizan la transparencia de la contratación", afirmó el portavoz socialista, David Lucas. "Lamentablemente, nos estamos acostumbrando a rascar un poco en este Ayuntamiento y a encontrar irregularidades por doquier. ¿Es ésta la Administración excelente y eficaz de Gallardón? Es muy grave que haya existido falta de ingresos de 73 millones", agregó.

Pero el problema de dicho contrato no era sólo económico. El pliego de condiciones, diseñado especialmente para la ocasión y mal estructurado, según los expertos consultados, impidió que se evaluara el impacto medioambiental de las propuestas. El concurso, en el que participaron cinco candidatos, tenía tres fases: la que juzgaba la oferta económica, la comercial y el impacto medioambiental.

Pero el criterio de puntuación otorgaba en cada fase la máxima puntuación a la mejor valorada y cero puntos a la peor. Para superar cada evaluación se requería una puntuación mínima en cada fase. En el primer corte, tres empresas quedaron descartadas de un plumazo. El segundo fue cosa de dos y a la tercera fase sólo llegó la ganadora, que ni se sometió al examen ambiental.

Además, el pliego de condiciones no tuvo en cuenta los beneficios contables de los concursantes, sino el volumen de facturación. Clear Channel está en números rojos y eso no influyó. Tras conocerse esta información, el pleno aprobó que los chirimbolos pasaran por la comisión de vigilancia de la contratación. Pero el PSOE pidió la intervención del Tribunal de Cuentas.