El ascensor de Emilia

Emilia González es una vecina de la barriada Palma-Palmilla de Málaga que lleva diez años postrada en una cama. Vive en calle Cabriel 27, el famoso edificio donde la luz se fue hace más de 400 días y aún no ha vuelto, después de que un incendio calcinara los contadores por una sobrecarga de enganches ilegales. Ni se ha hecho todavía la luz ni tampoco las obras de rehabilitación prometidas en el edificio, que se va cayendo a trozos por días. Allí se ha caído todo, menos la cara de vergüenza a las responsables públicos que debían haber actuado.

La protagonista de esta historia tiene 73 años. Lleva una década sin salir de su casa. Un accidente de coche la dejó impedida y desde entonces permanece encamada. Ahora no se puede levantar, pero cuando podía tampoco salía a la calle. Ella vive en la planta octava de este edificio, que no tiene ascensor. Lo tuvo, pero se estropeó hace 20 años y alguien vendió las piezas en una chatarrería. La Opinión de Málaga contó el otro día que el marido de Emilia, José, se ha muerto y con él se ha ido su principal compañía y una de las pocas personas que la mantenía comunicada con el exterior de sus cuatro paredes. Atrapada en su casa, ni tan siquiera pudo acudir al entierro de su marido. Y allí sigue, a oscuras y con el único apoyo de su hija y un nieto autista menor de edad.

En junio de 2000, Emilia tuvo una visita inesperada. A su piso subió peldaño a peldaño el alcalde de Málaga con una extensa comitiva que incluía responsables de casi todas las áreas municipales. No fue la única afortunada. El recorrido incluyó la visita a otras personas mayores, que malvivían en condiciones muy parecidas a Emilia y que también acogieron con alborozo el compromiso que adquirieron con ellos: la rehabilitación de sus casas y la colocación de un nuevo ascensor. Ocho años después de aquello, cuatro de los ancianos visitados han subido al cielo antes que el ascensor subiera a su planta.

Para que a Emilia no le ocurra lo mismo, el Ayuntamiento se comprometió a ofrecerle hace meses una solución transitoria. Mientras concluyen las obras de rehabilitación de su inmueble, ella -y su escasa familia- podrían vivir en la planta baja de otro edificio de protección oficial. La oferta, sin embargo, se ha retrasado. El piso ofrecido fue tomado por unos okupas, según la justificación dada por la concejala del barrio. Como todo se ha complicado, al parecer la Junta le ha buscado una plaza en una residencia, pero su familia teme que se quede allí para siempre y no le agrada la propuesta.

Es la tercera vez que escribo de este edificio de calle Cabriel, un inmueble propiedad de la Junta pero cuya rehabilitación es competencia del Ayuntamiento. Del medio centenar de viviendas, apenas seis fueron adquiridas por sus propietarios cuando la Administración regional las adjudicó con opción a compra. La mayoría están realquiladas de forma irregular y no hay manera de que sus vecinos se constituyan en comunidad, la exigencia que les planteó el consistorio para rehabilitar el edificio. Después de meses de encontronazos entre ambas administraciones, el consistorio anunció que acometerá las obras, pero éstas siguen sin empezar. Parece, sin embargo, que pronto se hará la luz en el edificio, si pronto se puede decir tras 16 meses a oscura.

Los vecinos de Emilia dicen que esta anciana empieza a tener los primeros síntomas del alzheimer. Como las cosas de las VPO van todavía más despacio que las de palacio, es probable que para cuando se arregle el edificio ni Emilia se acuerde donde vivía ni para que sirve un ascensor. Por eso, igual terminan las obras y ella todavía vive, pero no podrá agradecerles a las administraciones públicas el esfuerzo y la prontitud en rehabilitar su piso y su primer paseo en ascensor después de veinte años atrapada en su cama.