La multa por la 'leche negra' aboca a la ruina a industrias y cooperativas

Dieciséis empresas y cooperativas de productores lácteos gallegas defraudaron a los presupuestos de la Unión Europea (UE) 65 millones de euros entre 1997 y 2005, según la documentación que el Gobierno ha entregado al juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso de la leche negra.

El informe del Fondo de Garantía Agraria (FEGA) del Ministerio de Medio Rural revela que productores e industrias gallegas participaron de forma activa en la multimillonaria estafa y dejaron de declarar durante esos ocho ejercicios 120.600 toneladas de leche que llegaron a los mercados de forma clandestina. Para ello se sirvieron, como las otras veinte compañías implicadas en esta trama, de tres sociedades interpuestas -El Churtal SL, Lácteos Lemos SL y Sumlac SL- que facilitaban facturas falsas para que las industrias pudieran evitar el pago de la tasa que la UE exige a los países que exceden la cuota de producción asignada por Bruselas.

Según la abundante documentación que consta en las diligencias previas instruidas por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, estas tres compañías emitían cada mes facturas a la carta para que las industrias pudiesen disimular las grandes cantidades que los productores vendían excediendo la cuota de producción impuesta por las normas de la Unión Europea.

A cambio, El Churtal, Lácteos Lemos (con licencia de primer comprador en Lugo, pero sede social en la calle Padre Damián, en pleno centro de Madrid) y Sumlac percibían tres céntimos de euro más IVA por cada litro de leche blanqueada.

Además de estos 16 operadores, varias explotaciones intermedias que suministraron a industrias importantes como Leche Pascual, Puleva, Larsa o Clesa también están implicadas en el fraude, que con toda probabilidad derivará en una multa de la Unión Europea cifrada por los peritos del Ministerio de Medio Rural en más de 100 millones de euros. La existencia de otro proceso judicial, aunque menos avanzado, en el Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional que investiga un fraude similar relacionado también con la leche negra -éste todavía sin cuantificar, pero que previsiblemente conllevará también importantes sanciones económicas de la UE- constituye una seria amenaza para el sector lácteo gallego en un momento de crisis derivada del alza de los costes de producción.

Representantes del sector aseguran que si Bruselas impone una multa de tal cuantía se producirá una quiebra masiva de cooperativas. Fuentes de las asociaciones de productores alegan que el informe redactado por los peritos del ministerio "carece de rigor" y no ofrece una "auditoría seria del fraude". En un párrafo del documento enviado a Garzón, los técnicos admiten que, en algunos casos, no han podido identificar a los productores que suministraban la leche, por lo que distribuyeron las cuantías de forma proporcional entre los implicados. "El FEGA ha repartido equitativamente el fraude entre el sector, sin disponer de pruebas para hacerlo", aseguran representantes de varias cooperativas, que insisten en que durante los últimos años la Administración "abdicó de su obligación de inspeccionar y controlar los fraudes".

De dominio público

El Churtal, principal acusada en el sumario, siguió operando muchos meses después de que se produjesen las primeras denuncias. Los controles públicos no lograron detectar que la firma Lácteos Lemos, de la que el propietario de El Churtal, Pedro Merédiz, fue administrador, era en realidad otra sociedad fantasma para falsificar recibos.

Cuando surgieron las primeras denuncias contra El Churtal, Lácteos Lemos continuó el fraude tras lograr del FEGA licencia de primer comprador de leche. En la misma dirección apunta la brigada de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, que en uno de los atestados enviados al juzgado de Garzón se pregunta cómo la Administración no logró detectar un "fraude generalizado" que se repitió durante años y que era "casi de dominio público".