Los grandes armadores quieren la privatización de las cuotas de pesca

La pesca industrial admite con toda nitidez, por vez primera en su historia, que los caladeros internacionales están sobreexplotados. Para resolver el problema, los empresarios gallegos y del resto de España han solicitado al Ministerio de Medio Marino y a la Comisión Europea la privatización de las cuotas de pesca. "Queremos que los derechos de pesca, en vez de ser gestionados por los países, sean para las empresas". "Creemos que así la corresponsabilidad será mayor y el resultado mejor, tanto para que este negocio sobreviva como para la sostenibilidad de los mares", explica Javier Garat, responsable de Cepesca, la primera gran patronal española del sector nacida hace sólo un año. Las principales patronales de la flota de altura reconocen en la sobreexplotación la causa del hundimiento de su negocio, lo mismo en Namibia que en el Gran Sol, en Argentina que en el Índico.

Cepesca acaba de terminar un plan estratégico que, como muestra de que van en serio, ya propone una autorregulación: desguazar 142 barcos de altura, más de la mitad de ellos en Galicia. El plan se basa en que el caladero esté siempre al máximo rendimiento (más pescado con menos barcos y en menos tiempo) y en penetrar las redes de subasta y distribución para quedarse más parte del precio. La tercera pata del nuevo modelo pesquero se centra en acuerdos de I+D+i para desarrollar barcos más eficientes y cómodos para los marineros y, fundamentalmente, con menor consumo de gasóleo.

"El mayor problema de la pesca gallega al integrarse en la Unión Europea es que el sector pesquero es el único que no está incorporado al Mercado Único Europeo", subraya José Manuel Sobrino Heredia, investigador pesquero de la Universidad de A Coruña. "Los pescadores no son europeos, ese es el problema", resume el catedrático de derecho marítimo.

"En mi opinión, el marco regulatorio del mar aún no está adaptado a la evolución de la actividad económica", señala Manuel Varela, catedrático de Estructura Económica de la Universidad de Vigo. "La incertidumbre es el gran problema económico de la pesca, porque las empresas se ven obligadas a tomar decisiones a corto plazo", señala Varela.

"Ha habido sobrepesca en Europa, lo sabemos porque hemos recibido denuncias y hemos constatado que es así", admite Ole Tougaard, consejero de la nueva Agencia Comunitaria de Control de la Pesca (ACCP) con sede en Vigo. "Pero la ACCP no tiene inspectores. Cada país es responsable del 100% de las medidas y el problema es que las penalizaciones no están unificadas", resume el funcionario europeo.

Datos de una quiebra

¿Cómo es posible que los armadores, que siempre se opusieron a las cuotas y a los desguaces, sean ahora quienes los propongan? "Porque los beneficios se reducen muy rápidamente con la sobrepesca, pero hasta ahora todos decían: 'Reduce tú que a mí me da la risa", ironiza Enrique López Veiga, probablemente el representante del PP que mejor conoce el mundo pesquero. "El alto rendimiento de caladero es lo único que permitirá asumir los costes del gasóleo, tener empleo de calidad y obligar a los armadores a renovar la flota", subraya López Veiga.

La flota de altura, la pesca industrial, genera el 57% del pescado que comercializan los armadores españoles y más del 70% del negocio del sector, ya que las multinacionales (Pescanova, Pescapuerta, Vieirasa, Iberconsa, Freiremar) llegan más lejos en la cadena industrial.

Los números que presenta el sector pesquero gallego en la actualidad muestran los datos de una quiebra. Tras reducir un 40% del empleo y un 35% de la flota en diez años, la pesca tiene estancados sus ingresos, está reduciendo su generación de valor añadido (VAB), está cayendo la inversión empresarial y su rentabilidad económica ya está por debajo del 4% (0% si se incluye la inflación). Y todo ello con una bajada real de los salarios que los armadores pagan a sus marineros. En Galicia hay 639 empresas y 27.400 personas cuya actividad principal es la pesca.